Opinión
Ver día anteriorSábado 25 de julio de 2015Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Ser campesino no es delito
Silvia Ribeiro*
C

on olor a café amanece Radio Huayacocotla, la voz campesina, la madre de todas las radios comunitarias de México, que pronto cumple 50 años de tejer vidas. Trasmitiendo desde la Sierra Norte de Veracruz, se abre camino entre nieblas, montañas, bosques y sembradíos, para hablarnos al oído, darnos noticias, mensajes, denuncias, entre sones y bandas tradicionales, de y hasta las sierras de Veracruz e Hidalgo, las huastecas, partes de Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.

Escuchando hablan y trasmitiendo abrazan, las experiencias de compañeros como Alfredo Zepeda, al pie de la radio desde sus comienzos, junto a las voces cantarinas de jóvenes campesinas y campesinos que trasmiten en tepehua, náhuatl, otomí, castellano, mientras las y los campesinos están en las milpas o en camino a otros quehaceres, las señoras echan tortillas al comal, se desperezan las nubes que quieren seguir acostadas en las montañas. Radio Huaya es un soplo de ánimos y alegría del ser campesino, a la vez que denuncia imprescindible de ignominias y atropellos contra las comunidades, sus territorios, sus derechos. Es una afirmación permanente de las muchas formas de resistencia y creación que cada día respiran en las comunidades indígenas y campesinas.

El 18 de julio, Radio Huaya, con su padrino Fomento Cultural y Educativo y el Comité de Derechos Humanos de la Sierra Norte de Veracruz, convocaron a las comunidades de la región y otras organizaciones al foro Los derechos de los pueblos en la Huasteca, una forma más de recordar el 50 aniversario de la Radio, como siempre ha sido: con las comunidades, en las luchas, con las bandas y tríos campesinos tradicionales que al cobijo de la radio crecen todo el tiempo. Compartieron allí su lucha las y los comuneros de Zacacuautla, que resisten valientemente a talamontes y bandas de matones que éstos contratan, comuneros de Tlachichilco y Texcatepec, en lucha contra un gasoducto, sabios y comuneros de Oxeloco que cuidan el maíz campesino y resisten los transgénicos, comunidades que se han unido por toda la sierra contra la contaminación de la minera Autlán, parteras de varias regiones que denunciaron cómo las discriminan y atacan, buscando impedir que las comunidades sigan con sus formas tradicionales de nacer, de vivir, de sembrar, de ser. Como nos quieren arrancar del maíz y la tierra dijeron las parteras en sus lenguas, nos quieren despojar de nuestros niños, nuestras semillas, nuestro futuro.

Aún resonando esas palabras, el 19 de julio, el Ejército Mexicano asesinó al niño Edilberto Reyes García, de 12 años, hirió a Yeimi Nataly Pineda, de seis años, y a varias personas más, al disparar salvajemente contra una tienda en Santa María Ostula, Michoacán. Todo por castigar a esa comunidad indígena que protesta por la detención ilegal del comandante de policía comunitaria Cemeí Verdía, al que le fabricaron delitos para trabar la defensa del territorio de la comunidad y las formas de vida y trabajo campesinos. Violencia oficial para dejar vía libre a los intereses privados de mineras y trasnacionales, a los traficantes, actores todos –Ejército, narcotráfico, trasnacionales– con intereses curiosamente convergentes para apropiarse de tierras, aguas, costas y bosques de la comunidad.

El foro denunció y solidarizó también con la resistencia de las comunidades indígenas de San Francisco Xochicuautla contra la construcción de la carretera Naucalpan-Toluca, que destruiría sus bosques y territorios sólo para dar paso a los ricos de Santa Fe y de paso favorecer con la construcción a OHL y Grupo Higa (el mismo del escándalo de la casa blanca de la familia presidencial). Esta lucha que lleva más de ocho años, con episodios de represión, de invasión de autoridades y empresas, estrategias de división y compra de comuneros; tuvo un giro brutal con un decreto presidencial expropiatorio este 9 de julio, que como detalló Raymundo Espinoza, abogado de la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, es ilegal e inconstitucional, entre otras razones, por la invasión con uso de fuerza y consultas fraguadas, ignorando a sabiendas que la comunidad nunca pidió un proceso de consulta, porque se opuso a la obra desde que conoció el proyecto.

En su participación en el foro, Gloria Ramírez, de Desinformémonos, y Ramón Vera, de Ojarasca y Grain, trazaron el hilo rojo que une ataques y luchas: una guerra de muchas intensidades contra las y los campesinos, contras los pueblos indígenas, contra las comunidades y la posibilidad de todos de definir nuestra propia vida. Ni siquiera en la Conquista, afirmaron, se ha vivido tal vastedad, multiplicidad e impunidad de ataques, que van desde engaños y sobornos, ingeniería de conflictos para dividir comunidades, uso y fabricación de aparente pero falsa legalidad (desvío de poder lo llamó el Tribunal Permanente de los Pueblos), hasta represión, desaparición forzada y asesinato, donde cada vez más actúa el Ejército, financiado por el público, pero para defender con lujo de violencia intereses privados.

A 10 meses del asesinato de tres personas y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa –otro crimen de Estado con participación del Ejército– no ceja la solidaridad ni la búsqueda desde abajo, de estos jóvenes, cuyo único delito es ser hijos de campesinos.

Ante tanto abismo, el tejido de información y relaciones que labran Radio Huaya, Ojarasca, Desinformémonos (¡que ya pasó su primer millón de seguidores!) y otros medios solidarios, que nos recuerdan que los campesinos alimentan y sostienen a la mayoría de la humanidad y cuidan el planeta de todos, es fundamental. ¡Enhorabuena!

*Investigadora del Grupo ETC