Hermosillo, Son.

El mandatario estatal panista, Guillermo Padrés Elías, deja la entidad con una deuda a corto y largo plazos por más de 29 mil millones de pesos, la cual compromete las finanzas futuras; pero además diversos conflictos, entre ellos el de la etnia yaqui luchando por la liberación de uno de sus líderes, peleando por dotaciones de agua y con la exigencia de que se cierre el Acueducto Independencia. En tanto, continúan las protestas de los padres de las víctimas de la guardería ABC, que exigen justicia, y enfretará los estragos de la peor contaminación minera ocurrida en la historia.

Así recibirá la priísta Claudia Pavlovich Arellano la entidad este domingo: en condiciones de quiebra, al igual que ocurrió en administraciones anteriores.

A lo anterior se suman otros conflictos y los estragos de la contaminación generada por la Mina del Cobre, en Cananea, propiedad de Grupo México, pues en agosto de 2014 ocurrió el derrame de 40 millones de litros de lixiviados de cobre acidulado que contaminaron dos ríos, afectando a siete municipios.

La Secretaría de Medio Ambiente declaró a finales de ese año que se trataba del peor desastre ambiental-minero en la historia de la nación.

En tanto, los deudos de las víctimas de la guardería ABC se quejaron de que Padrés prometió solucionar el caso y no cumplió. Incluso, Lorengo Hughes Gálvez, uno de los manifestantes que participó en movilizaciones en esta la semana, señaló que Padrés Elías llegó a la gubernatura porque después de que ocurrió la tragedia en la guardería, la población castigó al PRI en al 2009 y no dio su voto al tricolor.

Acusó al mandatario estatal de no cumplir con la promesa de que los restos de la guardería se convirtieran en un memorial para las víctimas, ni tampoco con las actividades relativas al Día de Luto Nacional, que se conmemora cada 5 de junio.

“El compromiso número uno que hizo Padrés fue que a partir del 13 de septiembre de 2009 habría justicia en el caso ABC, compromiso que fue vano, pues la Procuraduría General de la República ya había ejercido la facultad de atracción en el caso, pero él no hizo siquiera un exhorto para que se aplicara la justicia y agregó que independientemente de que el incendio se inició en una bodega del gobierno del estado, Padrés no asumió la responsabilidad institucional; además se comprometió a destituir de su cargo al entonces procurador Abel Murrieta, señalado como obstructor de la justicia en el gobierno de Eduardo Bours, y no lo hizo.

Robo de bebés, último escándalo

La administración actual estuvo rodeada de escándalos de corrupción, los funcionarios públicos fueron videograbados o acusados de pedir moches y a Padrés se le acusó de construir una presa de forma ilegal en el rancho Pozo Nuevo, en el municipio de Arizpe, y de levantar un emporio en ese lugar en apenas tres años.

Sin embargo, el escándalo del cierre de esta gestión fue el robo y venta de bebés, donde presuntamente participaban funcionarios estatales. Las autoridades ya ordenaron la detención de dos involucrados.