Para atraer inversión en las zonas económicas especiales (ZEE) que el gobierno federal pretende crear en el sur de México a fin de impulsar su desarrollo, crear empleos y abatir la pobreza, primero debe asegurarse que los poderes fácticos estén dispuestos a jugar con nuevas reglas, brinde garantías mínimas de seguridad, invierta en capital humano, construya infraestructura básica y acabe con la extorsión gubernamental a los empresarios, advirtieron especialistas del Observatorio Económico ¿Cómo vamos?, conformado con investigadores de diversas instituciones de educación superior y organizaciones civiles.

Desde noviembre de 2014 y como parte del decálogo que presentó cuando se cumplieron dos meses de la desaparición de 43 estudiantes normalistas, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la creación de tres zonas económicas especiales que abarcarán cinco estados y se ubicarán en Puerto Chiapas, Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios de Guerrero y Michoacán, y el corredor Interocéanico del Istmo de Tehuantepec, que va de Salina Cruz, Oaxaca, a Coatzacoalcos, Veracruz.

Beneficios fiscales

Pasaron casi 10 meses y, en el mensaje con motivo de su tercer Informe de gobierno, el mandatario volvió a incluir el tema en su decálogo de mitad de sexenio. Aseguró que este mes enviaría una iniciativa al Congreso para que aprobara las ZEE, con las cuales se ofrecerán a empresas e inversionistas facilidades, estímulos y condiciones preferenciales, así como beneficios fiscales y un régimen aduanero especial.

Viridiana Ríos, directora del Observatorio, señaló que dichas zonas deben considerarse medidas temporales y, por ello, deben crearse mecanismos para que las prerrogativas fiscales y regulatorias que en ellas se otorgue sean reducidas a través del tiempo. La intención debe ser que en el largo plazo la inversión que se genere en la zona pague impuestos y no quede exenta siempre de pagarlos.

El Observatorio Económico consideró que las autoridades deben realizar un diagnóstico previo del potencial económico de cada ZEE para identificar qué obstáculos presentan para el crecimiento y también debe garantizar el estado de derecho y generar infraestructura.

Las zonas económicas especiales deben contar con instituciones judiciales dirigidas por la Federación y observadas por organismos independientes de la sociedad de civil, pues de lo contrario se corre el riesgo de no generar condiciones plenas de estado de derecho para atraer la inversión, añadió Viridiana Ríos.