El día de los Niños Héroes fue instalada la 61 Legislatura del estado de Guerrero. A pesar de que la entidad ha estado en los reflectores del mundo por el caso Iguala, los flamantes diputados de PRI, PAN y Verde que hablaron a nombre de sus partidos, no creyeron necesario abordar el tema de Ayotzinapa.

Sí lo hicieron los voceros de las fuerzas de izquierda aunque, según la reseña del semanario local Trinchera, los diputados Sebastián de la Rosa (PRD) y Héctor Vicario (PRI) sonreían con desparpajo mientras en la tribuna la diputada de Morena María de Jesús Cisneros –madre de un joven desaparecido hace siete años– gritaba la consigna Vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Fuera de la ausencia de Ángel Aguirre –su lugar fue ocupado por el interino Rogelio Ortega– y de que el PRI recuperó la mayoría, luego de tres legislaturas como fuerza minoritaria, nada pareció cambiar con la tragedia de Ayotzinapa para la clase política guerrerense.

Sebastián de la Rosa fue el principal promotor de José Luis Abarca y su férreo defensor en los días que siguieron a los ataques en Iguala. Nuestro apoyo a Abarca, dijo en esos días, es incondicional.

Según versiones de políticos locales, fue De la Rosa quien dictó el discurso que Abarca mal leyó el 30 de septiembre de 2014, al solicitar licencia antes de darse a la fuga, un texto en el que se definió como militante de izquierda comprometido con las causas más justas de los guerrerenses.

Pero, más que nada, De la Rosa es un personaje que puede dar lecciones sobre cómo evitar el pago del costo político. Dirigente de la organización social Coduc, renunció a su militancia en Nueva Izquierda a mediados de agosto pasado, con el argumento de que nadie escuchaba su propuesta de desaparecer las corrientes del PRD. Pero eso no impidió que fuera electo coordinador de los diputados de ese partido en el Congreso de esa entidad.

En Guerrero la noche sigue, sigue oscuro, todavía no ha salido el sol, comentó a la prensa local el diputado Ernesto González Pérez, quien se opuso al nombramiento.

Al lado del flamante coordinador estuvieron, entre otros, el senador Sofío Ramírez y el ex alcalde de Iguala Lázaro Mazón, cuyas aspiraciones políticas se esfumaron luego de que su amigo de la infancia, Abarca, cayó en desgracia.

En otra bancada, la del PRI, ocupó su lugar Héctor Vicario Castrejón, a quien en Guerrero se conoce sobre todo porque cargaba el portafolio de billetes en la época de Rubén Figueroa. Hace unos días, el gobernador Ortega dijo que entre los personajes cuya declaración hace falta están el actual diputado federal priísta Salomón Majul (Taxco) y el propio Vicario (Huitzuco), toda vez que Gilberto López Astudillo, El cabo Gil, los incluyó en una lista de nueve políticos de la zona norte del estado que brindaban protección al cártel Guerreros unidos a cambio de dinero.

En el caso de Vicario, la acusación no era nueva. Su nombre apareció en narcomantas colocadas en Iguala a mediados de octubre de 2014. Entonces, Vicario llamó a la radio local para rechazar cualquier vínculo con la delincuencia organizada y recordar que su padre fue secuestrado en 2000 y que destruyeron varias de sus propiedades en Iguala y Huitzuco.

El 13 de septiembre todos disfrutaban su toma de protesta como diputados.

Desde hace un año, la clase política se ha echado la bolita en el asunto de Iguala. El informe de la comisión especial encabezada por Pablo Gómez dejó muchos huecos, pero resumió en una frase la argumentación amarilla: el problema es la captura del Estado por parte de la delincuencia organizada.

Para los priístas, el tema ha sido siempre arrinconar el asunto en el ámbito local, aunque hace mucho que Iguala-Ayotzinapa rebasó incluso las fronteras nacionales. El cochinero es de ustedes los del PRD, ha dicho el senador Emilio Gamboa.

El jueves pasado, en el Senado, PRI y PRD resumieron en el debate muchas de las cosas que se han dicho a lo largo del año en su guerra de lodo.

En su papel de golpeador del PRI, el Partido Verde, en voz de Pablo Escudero, yerno de Manlio Fabio Beltrones, llegó al punto de rechazar que se pretenda cuestionar el escrupuloso trabajo de la PGR. Y se fue de largo señalando como responsables a Abarca, a los dirigentes del PRD y a Andrés Manuel López Obrador.

Uno de los senadores que respondió fue el guerrerense Armando Ríos Piter, quien hizo honor al tono del debate que sobre el tema ha sostenido la clase política desde el año pasado. Recordó que Cocula, el municipio vecino de Iguala, donde fueron quemados según la verdad histórica, es gobernado por el PRI. Hoy José Luis Abarca está en la cárcel y el presidente municipal de Cocula está libre. De ese nivel es la justicia que impera en este país cuando lo gobierna el PRI.

En los días de trueno que vivió el PRD tras los crímenes de Iguala, uno de los cinco principales dirigentes de Nueva Izquierda buscó a un estratega de su confianza para pedirle consejo:

–Navarrete tiene que renunciar a la corriente y asumirse como un presidente partidista de crisis, por encima de grupos –fue la respuesta.

–Estoy hablando en serio.

–Pues yo también.

Naturalmente, no hicieron caso del estratega.

La imagen de la crisis, en lo que hace al PRD, corresponde al último día de Cuauhtémoc Cárdenas como militante de ese partido (luego se irían Alejandro Encinas y Marcelo Ebrard). Frente al máximo fundador, Navarrete reconoció que quizá había sido un error ir a Iguala a pedir perdón: Nos ganó la vergüenza, ingeniero, dijo.

Pero afuera estaban unos espontáneos que defendían a Nueva Izquierda con mantas y carteles que recordaban que Navarrete había sido electo con la participación de 2 millones de militantes y que Abarca no es el PRD.

En los días más agitados de la crisis, varios altos funcionarios del gobierno buscaron empatía con las familias, pero no lo hicieron enderezando la investigación, sino quitándose las corbatas, como había hecho el secretario de Gobernación con los estudiantes del Poli.

Pero lo que la justicia no da, la ropa casual no lo presta.