La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se sumó a los llamados que hicieron el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), Zeid Ra’ad Al Hussein, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que autoridades locales y federales trabajen con el fin de superar la implacable ola de violaciones que está teniendo lugar en el país.

Asimismo, la CDHDF alentó al Estado mexicano a adoptar las medidas recomendadas por los organismos internacionales, ante la gravedad de la crisis de los derechos humanos en México.

Tras la visita al país del alto comisionado y de los integrantes de la CIDH, se reportó que la situación de México está caracterizada por la persistencia de desapariciones forzadas, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales, acoso a defensores de derechos humanos, ataques a periodistas, violencia contra las mujeres, abusos hacia las personas migrantes, predominio de la impunidad, desatención a las víctimas de vejaciones y la obstaculización para el acceso a la justicia.

Ante ello y para acabar con la situación de impunidad de carácter estructural, la CDHDF se adhirió a la petición y respaldó el trabajo del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para el caso Ayotzinapa, como en un principio lo hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La CDHDF recordó que México ha participado en tratados internacionales y procedimientos especiales, lo que obliga al Estado a cumplir los diagnósticos o recomendaciones que se hagan al país, por ello destacó 10 de los puntos señalados por los organismo internacionales, luego de las visitas y encuentros que sostuvieron con autoridades locales y federales del país.

El primero es fortalecer las procuradurías para que investiguen las violaciones de derechos humanos; se establezca un plan de cooperación entre las autoridades de procuración de justicia a escalas federal y estatal en la investigación de violaciones graves a garantías.

Reforzar la capacidad de las policías de seguridad pública y programar el retiro paulatino de las fuerzas militares que han apoyado estos trabajos en algunas entidades de la República.

Adoptar medidas para la protección de las víctimas, sus familiares, representantes, testigos, peritos y defensores que participen en la investigación y búsqueda de justicia.

Elaborar un diagnóstico nacional sobre desplazamiento interno forzado en México y adoptar una política nacional para abordar este fenómeno, así como fortalecer el mecanismo de protección de defensores de derechos humanos y periodistas

Entre los exhortos también destacó atender las recomendaciones que hizo el GIEI por la desaparición de los 43 normalistas e implementar mecanismos de seguimiento para otros casos de gravedad registrados.

Asimismo, llamó a establecer un registro nacional sobre la localización de restos no identificados inhumados en cementerios de todo el país con causa de muerte violenta y crear un registro único nacional de personas detenidas.

Además, eliminar la figura del arraigo del ordenamiento jurídico mexicano y hacer uso de otras medidas cautelares, que no sean privativas de la libertad.