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Amenazan a indígenas que ganan juicios por despojo de tierras
Miroslava Breach Velducea
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 14 de diciembre de 2015, p. 38

Chihuahua, Chih.

Dirigentes del ejido indígena de Baqueachi y su abogada, Estela Ángeles Mondragón, denunciaron que han sido intimidados y hostigados después de haber obtenido sentencias favorables en los ocho juicios agrarios que faltaban para recuperar 20 mil hectáreas de tierras ejidales invadidas por ganaderos mestizos del municipio de Carichi desde hace 20 años.

El presidente del comisariado ejidal, Juan Ramírez, dijo que las sentencias obligan a los ganaderos a entregar casas y potreros construidos ilegalmente en tierras ejidales, pero Héctor Sandoval, mestizo que perdió uno de los procesos golpeó con una reata al comisario de policía indígena, José Valentín Chávez, y apedreó a niños rarámuris que cruzaban por una vereda en un predio que reclama como propio.

Además, agregó, el viernes por la mañana a la puerta del despacho de Estela Ángeles, en la ciudad de Chihuahua, encontraron balas de rifle. Hace cinco años en ese lugar fue asesinado Ernesto Rábago, esposo de la abogada, un mes después de ganar el primero de 30 juicios contra los invasores.

El tribunal unitario agrario del distrito 5, a cargo de Imelda Carlos Basurto, falló en favor del ejido indígena de Baqueachi en todos los juicios contra ganaderos.

El 25 de octubre pasado se llevó a cabo la ejecución de las sentencias dictadas en 2014, y un día después Héctor Sandoval apedreó a los hijos de Juan Ramírez, dirigente ejidal.

Una de las sentencias que se ejecutaron el día anterior fue en contra de José María Sandoval Espino, tío de Héctor, quien fue obligado a sacar sus reses de los potreros donde pastoreó ganado por más de 30 años, y entregarlos junto con una casa construida ilegalmente. Previamente, el mestizo golpeó con una reata al comisario de policía.

Desde hace 80 años, varias generaciones de ejidatarios de Baqueachi (Bakechi, en rarámuri) han luchado por recuperar sus tierras, invadidas por ganaderos mestizos de Nonoava y Carichi, que se apoderaron de 35 mil de las 44 mil hectáreas de la dotación ejidatal. En los cinco años recientes los tribunales agrarios han fallado en favor de los indígenas.