La investigación del asesinato de Berta Cáceres debe estar centrada esencialmente en el trabajo de la activista, exigieron diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil al gobierno de Honduras.

Además, señalaron que hay un claro intento por criminalizar a los integrantes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), de la cual Berta Cáceres era líder y fundadora, mientras que las autoridades de ese país no tienen una línea de investigación sobre las denuncias y amenazas recibidas por la activista y defensora de la tierra.

En conferencia de prensa, directivos de las organizaciones Amnistía Internacional, Otros Mundos Chiapas, Red Mexicana de Afectados por la Minería y del Movimiento de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (Mapder), también solicitaron al gobierno mexicano fortalecer su intervención para lograr el rápido retorno del activista mexicano Gustavo Castro al país.

Hay que recordar que Gustavo Castro, quien es sobreviviente del ataque que costó la vida a Berta Cáceres, tiene una alerta migratoria de 30 días decretada por el gobierno hondureño, que le impide abandonar el país, donde hasta este momento tiene la calidad de testigo protegido.

Sin embargo, estas cuatro organizaciones expresaron su temor de que dada la debilidad institucional y las graves fallas cometidas en las investigaciones, la situación legal de Gustavo Castro pudiera ser modificada en cualquier momento por el gobierno y autoridades hondureñas.

Pidieron que el gobierno de Honduras acate las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y proteja a los integrantes del Copinh, la familia de Berta y a Gustavo Castro; que se cancele la alerta migratoria y el gobierno mexicano insista en el pronto retorno del connacional.

Hay que destacar que en los pasados años fueron asesinados cuatro miembros del Copinh, y que Berta Cáceres, en medio de una intensa lucha en defensa del río Gualcarque, sagrado para el pueblo indígena lenca, había sido objeto de múltiples acosos y amenazas. Pero estas se recrudecieron abiertamente desde noviembre pasado cuando la empresa DESA, ya había iniciado un segundo intento por construir la presa sobre ese río.

Hay documentación y denuncias probatorias que en los pasados tres meses ocurrieron una docena de actos de hostigamiento, amenazas y acciones contra la integridad física de Berta Cáceres e integrantes del Copinh, donde están involucrados no sólo personal y sicarios de la empresa, sino autoridades municipales.