ería interesante saber, antes de que se solicite la alerta de género, y en caso de que llegara a declararse, con qué instrumentos protegería el gobierno del estado a las mujeres.

Muchas de las víctimas de asesinatos en el estado son mujeres; oficialmente se ha declarado que sus muertes son producto de enfrentamientos de bandas del crimen organizado. En este contexto, grupos femeniles y otras organizaciones han intensificado sus peticiones al gobierno estatal para que se declare la alerta de género.

El Poder Ejecutivo analiza el planteamiento, mas, llegado el momento en que se formule la declaratoria deberá contar con mecanismos y programas para garantizar la seguridad de las mujeres.

Si al gobierno le ha resultado imposible abatir el crimen organizado, sería importante saber cómo detendrá la ola de asesinatos de féminas, habida cuenta de que cada semana las autoridades cambian de estrategia y refuerzan a las corporaciones de seguridad.

Por otro lado, manda mala señal el Ejecutivo cuando pide al fiscal general del estado, Xavier Olea Peláez, y al presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Robespierre Robles Hurtado, actuar con todo el peso de la ley contra el canadiense Walter Suk, acusado de pederastia, en respuesta a la indignación pública por haber besado a una menor.

Ni la Fiscalía General del Estado (FGE) ni el TSJ necesitan petición alguna para hacer su trabajo. Si tanto una como otro requieren indicaciones para actuar, quiere decir que cuando el Ejecutivo pida no proceder contra un acusado no lo harán.

La FGE está dotada de autonomía e independencia del Poder Ejecutivo, precisamente con el objetivo de que no sea más un instrumento que aplique la justicia a modo, pero con declaraciones como la del gobernador es difícil concebir la idea de que el rumbo de la justicia se corregirá.

La coordinación entre poderes del Estado no implica subordinación de uno a otro; han sido los contubernios los que han impedido la aplicación de la ley, dando por resultado un estado sediento de justicia.