Frente a los cuestionamientos que algunos consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) hicieran la víspera a los cambios de criterios en que habría incurrido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la magistrada María del Carmen Alanís sostuvo que este órgano habla por sus sentencias.

Consideró normal que partidos políticos y consejeros puedan diferir del contenido de las resoluciones, pero, en cualquier caso, dijo, deben asumir que las sentencias son obligatorias.

Entrevistada al término de la presentación del protocolo para atender la violencia contra las mujeres, y a pregunta expresa sobre la descalificación de consejeros a la gestión del TEPJF, Alanís señaló que la relación entre el INE y el tribunal es institucional, de comunicación fluida y de compromiso entre dos autoridades del Estado mexicano responsables de que los procesos electorales se realicen conforme a derecho. No hay ruptura ni mala relación. Podrán o no gustar nuestras sentencias a partidos políticos o consejeros, pero son obligatorias.

Durante la presentación del protocolo que ese órgano, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) y el INE formalizaron, la magistrada manifestó que aun cuando se han aprobado reformas para mejorar las condiciones de la mujer y su participación político-electoral, persisten prácticas de violencia política que, en contraste, buscan inhibir esa presencia.

Si bien México es uno de los cinco países en el continente que garantiza la paridad de género, aún existen partidos que regatean los recursos económicos a las mujeres o les reducen los espacios en los espots, en las comunidades indígenas hay mucha reticencia a su participación y en el Congreso todavía se discute la paridad en la asignación de las presidencias de las comisiones, apuntó.

El titular de la Fepade, Santiago Nieto, reportó que la violencia política contra las mujeres ha registrado un incremento sustancial que alcanza 142 por ciento durante las 14 elecciones que se realizan este año. Precisó que la Fepade investiga 92 casos, de los cuales 38 corresponden a 2015 y 54 a 2016.

Señaló que el protocolo surge a partir del diagnóstico levantado en las elecciones de 2015, donde se detectaron prácticas de violencia política el sector femenino, desde el robo de credenciales de manera desproporcionada hasta violencia física y sexual contra candidatas, que incluso llegaron al asesinato de Gisela Mota y Aidé Nava, en Morelos y Guerrero, respectivamente.

La recurrencia de agresiones llamó la atención a autoridades y partidos: era impresionante ver cómo en las denuncias que se empezaban a presentar ante la fiscalía, los temas de violencia empezaban a tener mayor intensidad, dijo Nieto.

La magistrada señaló que el tribunal electoral ha aprobado varios fallos que pretenden revertir la violencia política contra las mujeres por sus pretensiones de mayor participación. Consideró la necesidad de reformar tres o cuatro cuerpos normativos para tipificar la violencia política, un tipo de violencia adicional a la genérica contra las mujeres, en la Ley General de Delitos Electorales, pero no hay voluntad para que se logren los consensos necesarios.