La Cámara de Diputados se allanó a los términos de las observaciones realizadas por el Ejecutivo federal en la minuta con proyecto de decreto que expide las leyes General del Sistema Nacional Anticorrupción, General de Responsabilidades Administrativas y la Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Ayer, 346 diputados de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN), Verde Ecologista de México (PVEM), Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza y Encuentro Social votaron en favor de seguir al pie de la letra la acción presidencial, mientras 82 integrantes del de la Revolución Democrática (PRD) y Morena los hicieron en contra. Así, el cuerpo de leyes anticorrupción fue remitido al Ejecutivo federal para sus efectos constitucionales.

El trabajo legislativo para dar trámite a la minuta se inició en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, instancia que avaló el documento con 18 votos a favor y seis en contra. Rogerio Castro (Morena), presidente de ese grupo de trabajo, adujo que en los citados artículos se elimina la obligación de las personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de intereses, mismas que sí se incluían en el pasado dictamen aprobado por el Congreso.

Para la doctora Araceli Damián (Morena), el veto enviado por el Ejecutivo antepone los intereses particulares al del bien común, con el argumento de que lo aprobado con anterioridad atenta contra los derechos de los particulares, no obstante que nada de lo establecido restringe las garantías individuales.

Omar Ortega (PRD) acusó que Peña Nieto haya perdido la oportunidad histórica de generar las condiciones de un sistema robusto, de un sistema nacional que no fuera protector ni defensa de la impunidad.

Si bien dijo reconocer el papel de los empresarios en el desarrollo social, refutó el contubernio y la lucha de intereses de grupos tan fuertes como Banca Monex, Grupo Higa y OHL.

Los panistas, que han pasado semanas defenestrando al gobierno federal y al PRI por el contenido de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se volcaron en críticas a la administración en turno.

En nombre de esa bancada, Mayra Enríquez expuso que, a pesar de que tardíamente se corrigieron el artículo 32 y sus correlativos, el Ejecutivo “se quedó corto al no escuchar a los más de 634 mil ciudadanos que exigen mayor transparencia para los servidores públicos presentando las declaraciones 3 de 3. No tomó en cuenta las deficiencias del artículo 29 para que toda la información de bienes o intereses de los funcionarios sea pública, tal y como lo mandata la Constitución Política”.

Y a pesar de que el PAN y sus diputados –recientemente– fueron actores de unos de los peores escándalos de corrupción conocido como los moches, la panista insistió en que a México le urge detener las inercias de una sociedad sometida y acostumbrada a la reproducción de prácticas indeseables, como el chantaje, soborno y la complicidad entre gobierno y particulares para obtener prevendas económicas.

En defensa del Presidente, Jorge Enrique Dávila (PRI) resaltó que las observaciones del Ejecutivo se refieren exclusivamente a las normas que regulan la obligación de los particulares, personas físicas y morales de presentar declaraciones de situación patrimonial y de interés, la forma de dar cumplimiento a dicha obligación y las sanciones correspondientes.