La acción de inconstitucionalidad que presentaron los grupos parlamentarios de PRD y PAN en la Cámara de Diputados en contra de los artículos 29 y 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocida como la ley 3 de 3, fue turnada al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.

Luego de que la presidencia del máximo tribunal admitiera a trámite la demanda en contra de la modificación al artículo 32, que excluyó a los empresarios de presentar su estado patrimonial cuando recibieran recursos públicos, y del 29 el cual hacía obligatorio que todos los funcionarios gubernamentales hicieran públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, será el ministro Cossío el que resuelva, en los próximos días, si admite el recurso.

Los partidos que presentaron la acción argumentan que los artículos impugnados van en contra de la transparencia que demanda la sociedad para combatir la corrupción.