Nochixtlán, Oax.

Algunos en sillas de ruedas, muchos con muletas, otros más vestidos de luto, cerca de un centenar de oaxaqueños víctimas de la incursión policiaca en Nochixtlán, el pasado 16 de junio, fueron recibidos en Casa Xitla, un espacio de Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), por los rumbos de Tlalpan.

Entre varias actividades de atención a la salud de las víctimas, el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, acudió a escucharlos.

En esa reunión nadie parecía dispuesto a tomar la palabra, hasta que un joven muy delgado, que no había hablado en ninguna de las reuniones anteriores, caminó hacia el frente. Con la capucha de la chamarra calada hasta las cejas, un tapabocas y la quijada apretada, Juan José Acevedo demandó: ‘‘Ayúdenos, lo necesitamos mucho. Mírenme, no puedo comer’’.

A Juan José le entró una bala por debajo de la oreja izquierda y le salió por el maxilar derecho destrozándole la quijada. Después de una cirugía debe mantener la boca casi cerrada, fijada con ligas y alambres. Se alimenta de líquidos. Hace dos meses pesaba 70 kilos. Hoy pesa 59.

Se nutre de un producto proteínico que cuesta mil 200 pesos. Cada paquete le dura tres días. Según el diagnóstico médico, el joven recuperará sus funciones bucales y maxilares hasta dentro de cuatro meses. A sus 23 años, Juan José tiene dos hijos y trabajaba de obrero para mantenerlos. Ya no puede hacerlo.

La madrugada del 16 de junio él y su papá, Juan Acevedo García, un hombre de lucha estragado por la diabetes, habían llevado tamales y una olla de atole al bloqueo de los maestros en Nochixtlán. Iban a recoger la olla cuando se desató el ataque. Entonces el papá regresó a su casa por agua, trapos y vinagre, para que los profes pudieran protegerse de los gases. Juan José se adelantó hacia el retén.

La intervención del joven desató los reclamos. El ombudsman debió escuchar palabras muy duras. Ahora, mientras Juan José asiste a sus citas con el equipo de abogados, ya no sólo exige atención médica, sino demanda reparación del daño, justicia y castigo a los responsables.

Las familias de los ocho oaxaqueños muertos durante la incursión de las policías Federal y estatal a Nochixtlán –y de los más de 50 heridos– presentarán una demanda judicial colectiva contra quien resulte responsable. El abogado mixteco que los representa, Maurilio Santiago Reyes, asegura que después de dos meses las víctimas, todas de la región mixteca, han superado la inmovilidad y el miedo. ‘‘Me lo dicen ellos: están decididos a lo que venga’’.

Para el también director del Comité de Derechos Humanos y Asesoría a Pueblos Indígenas (Cedhapi), con sede en Tlaxiaco, en el ataque del 16 de junio a Nochixtlán hay una clara responsabilidad del Estado. A partir de la experiencia de impunidad en casos similares en México, ‘‘si el Estado se juzga a sí mismo no llega a ninguna parte.

‘‘Por eso estoy convencido de que para que se haga justicia, tarde o temprano el caso de Asunción Nochixtlán tiene que llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) o a alguna otra instancia internacional.’’

Santiago Reyes es experto, precisamente, en defensa de violencia contra comunidades indígenas en la CIDH, donde trabajó durante varios años. ‘‘Por lo pronto, vamos a pedir a la brevedad medidas cautelares. Dentro de un mes, a más tardar, llevaremos al sistema interamericano el caso de fondo’’.

Desde hace dos semanas los afectados, agrupados en el Comité de Víctimas 16 de Junio por la Justicia y la Verdad, acuden a las oficinas locales de la Defensoría de Derechos Humanos de Oaxaca en Nochixtlán, donde un equipo de abogados del Cedhapi y de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) les toman declaraciones detalladas sobre los hechos acaecidos en Nochixtlán e integran sus expedientes. A la fecha se tienen ya más de 50 carpetas.

A 10 semanas de los hechos, la Procuraduría General de la República (PGR), que atrajo la indagatoria, ha reconocido que sus investigadores ‘‘no han podido acudir’’ a Nochixtlán para tomar las declaraciones ministeriales de los involucrados. Los delitos que investiga, además de los homicidios, son robo de armas de la policía, daño en propiedad ajena, privación ilegal de la libertad de oficiales.

Su línea principal de investigación, expresada ante la comisión especial legislativa para el caso, es que hubo disparos de armas ‘‘de los dos bandos’’ y que el día del ‘‘enfrentamiento’’ hubo presencia de personas ‘‘ajenas a la comunidad’’ pertenecientes a seis ‘‘organizaciones civiles ya identificadas’’.

El temor de este colectivo de damnificados es que la ‘‘verdad histórica’’ de Nochixtlán se encamine, una vez más, al encubrimiento y al señalamiento de las víctimas. Oficialmente se ha informado que ese día hubo también seis policías heridos, algunos de bala. Pero sólo se han presentado dos federales –una mujer policía y un hombre– a declarar públicamente.

Desde su perspectiva, el abogado defensor expresa: ‘‘Pretender que haya debido proceso dentro del sistema judicial mexicano sería como si las autoridades fueran a juzgarse a sí mismas. Ni siquiera una fiscalía especial puede garantizar que no habrá impunidad. Ya lo vimos con los normalistas de Ayotzinapa y otros casos más. Por tanto, la respuesta tiene que venir de un organismo internacional, en este caso la Organización de Estados Americanos (OEA)’’.

Desde el primer momento, Maurilio Santiago se movilizó hacia Nochixtlán, alertado por la información de la radio. ‘‘En la región mixteca noticias como ésta corren como reguero de pólvora por las radios comunitarias. Aquí tenemos La Tlaxiaqueña, radio comunitaria que fue la primera en alertar a la población de la zona’’.

El Cedhapi ha estado involucrado en la defensa de casos emblemáticos de la región, donde los abusos de autoridades contra sus comunidades en pobreza extrema son habituales. Defendió a los tres maestros mixtecos desaparecidos –y luego localizados– en 1996, cuando se desató una fuerte represión por la aparición en Tlaxiaco del Ejército Popular Revolucionario (EPR).

También sacó de prisión a los cinco mixtecos y triquis detenidos en 2006, durante el movimiento de las barricadas, y logró una sentencia en contra de un conocido cacique de Santo Domingo Ixcatlán, Fredy Ucario, responsable de una masacre en esa comunidad y ligado a las llamadas ‘‘caravanas de la muerte’’ que, durante el gobierno de Ulises Ruiz, mataron a varios activistas de las barricadas en el movimiento de 2006.

Estos antecedentes han permitido que, a pesar del temor, las víctimas de los hechos violentos de Nochixtlán hayan respondido a la invitación de sumarse a la acción jurídica.

Entre las violaciones a los derechos humanos que se han perfilado a través de los testimonios de las víctimas figura, además de ejecuciones arbitrarias de ocho ciudadanos de Nochixtlán, lesiones contra más de cien, violación a las convenciones humanitarias internacionales por el ataque a un hospital, asalto con gas lacrimógeno a los niños de la colonia 20 de Noviembre y tortura contra las 23 personas que fueron detenidas arbitrariamente en el panteón municipal y retenidas durante dos días en la prisión de San Bartolo Coyotepec.

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