El gobierno federal puso en marcha un protocolo para atender y sancionar el hostigamiento y acoso sexual en las diferentes secretarías y dependencias. Con el acuerdo se crea la figura del consejero, para guiar a la víctima, y se ordena crear un registro nacional de los casos denunciados.

El hostigamiento sexual se refiere a las acciones con connotación lasciva que ejerce un jefe o alguien con un rango laboral más alto. En el acoso el agresor realiza conductas verbales o físicas –o ambas– relacionadas con la sexualidad, pero no necesariamente hay una relación de subordinación, según explica el documento.

A partir de hoy las dependencias federales tienen que nombrar a un consejero, quien se encargará de orientar y acompañar a la víctima ante autoridades competentes. Esos funcionarios deberán estar certificados por el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres). Proporcionarán información y auxilio para que las víctimas reciban la atención necesaria.

Contarán con un plazo de tres días hábiles para informar a la Secretaría de la Función Pública o al comité u órgano de control interno de la dependencia sobre la denuncia de la que tuvieron conocimiento. Una vez hecha la acusación, esas instancias iniciarán la investigación y establecerán las sanciones administrativas respectivas. Esas amonestaciones son independientes de las que pudieran dictar un juez.

El protocolo contempla la posibilidad de que los casos se resuelvan mediante conciliación.