Sociedad y Justicia
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Demandan consensuar toda propuesta de ley con pueblos originarios
De la Redacción
 
Periódico La Jornada
Lunes 12 de diciembre de 2016, p. 40

Toda medida o propuesta de ley aplicable a las semillas y la diversidad biológica debe discutirse y consensuarse de manera representativa mediante el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos, señalaron representantes de grupos originarios, campesinos y aliados que resguardan el maíz, en la Declaración de Ek Balam.

Ante la conferencia de las partes (COP 13) del Convenio sobre Diversidad Biológica (CDB) de las Naciones Unidas que se realiza en Cancún, Quintana Roo, decenas de organizaciones emitieron este documento, en el que plantean que ningún acuerdo entre las partes y leyes derivadas debe criminalizar el libre flujo e intercambio solidario de semillas entre los pueblos originarios y campesinos.

Entre los firmantes de la carta están Alicia Sarmiento y Berenice Sánchez, de México, así como representantes de Ecuador, Perú y China. En el texto señalan que las comunidades indígenas y campesinas somos las legítimas poseedoras, conservadoras y mejoradoras del maíz y toda la biodiversidad asociada; hemos creado y resguardado en nuestros territorios, durante siglos, la riqueza biológica y cultural del mundo.

Proponen el respeto a la cosmovisión, los usos y costumbres, los territorios y las prácticas colectivas de trabajo y solidaridad de los pueblos indígenas y comunidades campesinas, así como prohibir la siembra y comercio legal o ilegal de semillas transgénicas de maíz en los países cuyos pueblos originarios y agrícolas conserven esta planta y sus cultivos asociados.

Piden que los gobiernos prohíban a empresas nacionales y trasnacionales poner en riesgo, destruir, apropiarse o patentar los recursos naturales de los territorios, los agroecosistemas, paisajes bioculturales y la biodiversidad en toda su expresión.

Plantean que cualquier resultado emanado de la COP 13 debe respetar los acuerdos internacionales de derechos humanos, particularmente la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, sin supeditar este marco a arreglos nacionales ni subnacionales. Sólo así, con respeto jurídicamente vinculante a nuestros derechos, se garantizará que el CBD no incurra en violaciones a esos derechos inherentes.