El representante de la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Jan Jarab; el constitucionalista Alejandro Madrazo Lajous, y representantes de organizaciones no gubernamentales demandaron a senadores y diputados que dictaminan la ley de seguridad interior no dar un cheque en blanco a las fuerzas armadas y tomar en cuenta la experiencia negativa, luego de los 10 años en que los militares han participado en el combate al crimen organizado.

Jarab recalcó que la decisión del gobierno mexicano de utilizar a las fuerzas armadas en el combate a organizaciones criminales tuvo efectos indeseables no previstos, sobre todo por la violación a los derechos humanos y, por ello, se requiere ahora una discusión responsable sobre el marco jurídico que se dará al Ejército.

Recordó que en 2016 el Alto Comisionado de la ONU recomendó a México promover un enfoque de seguridad ciudadana, con énfasis en la protección de la vida y los derechos humanos. Si el Estado mexicano insiste en adoptar una legislación sobre seguridad interior se deben considerar 17 puntos, entre ellos, que sea compatible con los tratados internacionales sobre garantías fundamentales, especificar que el llamado a las fuerzas armadas sea el último recurso y se establezca su retiro gradual de las calles, agregó Jarab.

Al participar en la tercera reunión para discutir la ley de seguridad interior, Madrazo Lajous, director del Programa de Política Antidrogas del CIDE, sostuvo que estadísticamente se pudo comprobar que la violencia aumentó en lugar de disminuir en aquellos municipios donde fueron desplegadas las fuerzas armadas, y en 37 por ciento de las acciones en que intervinieron militares hubo letalidad perfecta, es decir, todos los presuntos delincuentes fueron muertos y no hubo heridos.

Experto en derecho constitucional, resaltó que el Congreso no tiene facultades para legislar una materia autónoma que se llame seguridad interior y advirtió que las dos iniciativas que se analizan, la del diputado del PRI, César Camacho, y la del senador panista, Roberto Gil Zuarth, son demasiado laxas, ya que no regulan la operación de los militares, ni acotan la fuerza pública.

Se está dando un cheque en blanco para que quien sea que va a considerar necesaria una acción militar, la realice. En ambas iniciativas, recalcó, se precisa que los militares actuarán para controlar, repeler o neutralizar actos de resistencia no agresiva, agresiva o agresiva grave. O sea, incluso para contener protestas pacíficas.

La iniciativa de Gil Zuarth autoriza incluso llegar hasta a la fuerza letal, o sea lanzar al Ejército contra manifestaciones políticas, advirtió.

Otro de los ponentes, Santiago Aguirre, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que en la década en que el Ejército y la Marina han participado en tareas policiacas “aumentaron las violaciones a derechos humanos cometidas por sus elementos. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos recibió 10 mil 751 quejas y emitió 146 recomendaciones.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa, y el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, defendieron la actuación del Ejército en el combate a la delincuencia organizada y la urgencia de dotarlos de un marco jurídico para cumplir con ese cometido.