Las alcaldías, que en 2018 sustituirán a las actuales delegaciones políticas, tendrán personalidad jurídica y autonomía en su administración y ejercicio de presupuesto, así como facultades concurrentes en materia hídrica con el organismo público encargado del suministro y abastecimiento del agua, recuperarán sus atribuciones de verificación y sus titulares tendrán facultades para presentar iniciativas al congreso local.

De acuerdo con el dictamen aprobado por la Asamblea Constituyente, se crean los concejos como órganos colegiados que intervendrán en la aprobación y supervisión de los presupuestos y la evaluación de sus acciones y programas.

Si bien se mantiene centralizada la hacienda pública –como lo dispuso la reforma constitucional–, así como la materia laboral, se definieron mecanismos que evitarán la asignación discrecional de fondos en función de la representación de las fuerzas políticas, al establecer criterios basados en población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano.

La Asamblea Constituyente concluyó la discusión del dictamen que establece las características, organización, atribuciones y competencias de las alcaldías, salvo una disposición en la que se señala que las facultades que no estén expresamente otorgadas al jefe de Gobierno serán reservadas para las alcaldías, tema que se devolvió a la comisión.

Para la creación de nuevas demarcaciones territoriales se dispuso que corresponde al Ejecutivo local, a un tercio de los diputados del Congreso local, a los titulares de las alcaldías o por iniciativa ciudadana, presentar la propuesta correspondiente. El Legislativo deberá consultar a las personas que habitan el territorio sujeto a modificación, para ser aprobado requerirá el voto de las dos terceras partes de los diputados.

En materia de agua, las alcaldías estarán obligadas a realizar las acciones necesarias para asegurar el abastecimiento y suministro en calidad y cantidad, así como hacer obras públicas y de equipamiento en coordinación con el Sistema de Aguas de la Ciudad de México.

Las alcaldías podrán realizar verificaciones administrativas y aplicar sanciones a establecimientos, construcciones y en materia de medio ambiente y desarrollo urbano.

Por la noche, el pleno aprobó por unanimidad los tres artículos que incluyen los derechos de los pueblos indígenas de la Ciudad de México, luego de que los dos diputados que habían presentado reservas accedieron a retirarlas, en atención al acuerdo de respetar el documento que retomó los resultados de la consulta realizada entre ese sector de población.

Tras el desahogo del dictamen, en poco más de dos horas, el presidente de la mesa directiva, Alejandro Encinas Rodríguez, agradeció al diputado de Morena Jaime Cárdenas su decisión de votar a favor –cuando había anticipado que lo haría en abstención– y anunció al pleno “casi, casi, habemus constitución”.

El presidente de la Comisión de Pueblos, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas Residentes, Jesús Ramírez Cuevas, resaltó que el documento fue sometido a consulta y recogió sus demandas más sentidas, donde 99 por ciento respaldó el dictamen, podemos decir que cuenta con legitimidad.

Resaltó que es la primera ocasión que en la historia constitucional de nuestro país y de América Latina, un poder originario, como es esta Asamblea Constituyente, reconoce los derechos colectivos e individuales de ese sector y se somete a consulta como lo establece la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Encinas Rodríguez afirmó que será uno de los rasgos distintivos de la constitución local.

El dictamen aprobado reconoce los sujetos colectivos de derecho, denominados Pueblos Originarios, Barrios Originarios y Comunidades Indígenas, con personalidad jurídica y patrimonio propio, la obligación de ser consultados por las autoridades de los tres poderes locales antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles y a elegir sus autoridades mediante sus sistemas normativos, entre otras.