Opinión
Ver día anteriorMartes 16 de mayo de 2017Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Si no nos dejan soñar, no los dejaremos dormir
Magdalena Gómez
A

sí concluyó Óscar Chigkun Mayan, líder awajún y presidente de la Comunidad Nativa Antiguo Kanam, provincia de El Cenepa, Condorcanqui, Amazonas. En la 16 sesión del Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el líder awajún leyó una carta dirigida al señor Felipe Cantuarias, presidente de la Sociedad Nacional de Hidrocarburos, quien considera que la resolución número 13 del cuarto juzgado constitucional de Lima, del 28 de marzo de 2017, que anula el contrato de Lote Petrolero número 116 atenta contra la seguridad jurídica de las empresas. Por lo que debe apelarse y dejar sin efecto. Chigkun le coloca preguntas en el centro: ¿la explotación petrolera va a resolver la pobreza en Condorcanqui? Entonces, ¿de quién es la responsabilidad, de la empresa o del Estado? salvo que la empresa quiera sustituir el rol del Estado... pero, ¿eso es dable? No creo que la pobreza en Condorcanqui se deba a que las empresas no vayan a operar en nuestra zona. En Condorcanqui claro que existen empresas como Petro Perú y las empresas madereras que operan desde décadas pero no cumplen la mínima exigencia legal. Estas empresas llenan de dinero sus bolsillos y a las comunidades las dejan llenas de basura y pobreza. Es decir, se enriquecen a costa de la contaminación de nuestras aguas y territorios que ellos mismos ocasionan.

Estos argumentos pueden plantearse en nuestro país a propósito de la supuesta panacea de las zonas económicas especiales (ZEE) cuya planeación avanza a espaldas de los pueblos indígenas en cuyos territorios se ha decidido su asiento. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) integró la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE). Y su titular es Gerardo Gutiérrez Candiani, empresario oaxaqueño. Las entidades de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Yucatán ya cuentan con la ley en la materia y los respectivos gobernadores entregaron al titular de la AFDZEE, las cartas de intención para la declaración de ZEE en sus territorios.

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) ya instaló una comisión especial sobre el tema. Todo ello sin consulta a los pueblos indígenas. Abunda el activismo oficial del brazo de empresas y organismos financieros, como el BID, bajo el supuesto de que estas zonas generarán nuevas oportunidades para impulsar la actividad económica en América Latina y el Caribe. Y por estímulos no se para, ya la Secretaría de Hacienda decretó la exención a 100 por ciento en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) durante 10 años a las empresas y personas físicas con actividad empresarial que inviertan en las ZEE, así como créditos fiscales de 50 por ciento en el pago de las cuotas patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el mismo lapso. Las empresas también contarán con un régimen aduanero específico, que incluye reducciones en las cuotas de derechos y exención de impuestos al comercio exterior por la introducción de mercancías a las ZEE. A los inversionistas también se les brindará un tratamiento especial en lo referente al impuesto al valor agregado (IVA), similar al que reciben las operaciones de comercio exterior. Todo ello para las primeras ZEE en Lázaro Cárdenas, en Michoacán y Guerrero; Salina Cruz, Oaxaca-Coatzacoalcos, Veracruz, y Puerto Chiapas, Chiapas. Los inversionistas contarán con un programa especial de financiamiento de la banca de desarrollo, con tasas de interés competitivas, plazos extendidos y esquemas flexibles de pago. Todo ello sin olvidar los estudios de prefactibilidad y las evaluaciones estratégicas de impacto social y ambiental para que se emitan los dictámenes de las primeras zonas. Ya se organiza la resistencia y es sólo el comienzo; el pasado marzo más de mil 800 personas de distintos municipios del istmo de Tehuantepec presentaron un amparo colectivo como pueblos indígenas, con el objetivo de proteger sus derechos, respecto de la infraestructura que se pretende construir en sus territorios, sin una consulta previa y sin el consentimiento libre e informado. Se creó la Articulación de Pueblos Originarios del Istmo Oaxaqueño en Defensa del Territorio (APOYO) por indígenas como binnizá, ikoots, mixes, chontales y zoques del istmo de Tehuantepec. Ven a las ZEE como otra fase para el despojo, las promesas de progreso, desarrollo y derrama económica; son eso, las eólicas ofrecieron lo mismo, y los resultados en más de 10 años de presencia son: acaparamiento de miles de hectáreas de tierras, altos niveles de pobreza, aumento de la desigualdad y marginalidad, falta de fuentes de trabajo, disminución de la producción agrícola e incremento del crimen organizado, proceso de división al interior de las comunidades, reparto de dinero para comprar el apoyo de algunos pobladores. (Medios libres, 18/3/17.) Así las cosas, a la ciudadanía, el gasolinazo; a la empresa, el subsidio universal. A los pueblos, el despojo, si lo permiten.