s natural que sean pocos los cambios de fondo perceptibles en los primeros días de las campañas presidenciales en forma. Los efectos de las nuevas estrategias se irán viendo más adelante, en un proceso acumulativo y no solamente en destellos de arranque. En un sistema medianamente calificable como democrático, la ventaja que todas las encuestas de opinión le dan a Andrés Manuel López Obrador (AMLO) parecería irremontable en tres meses de campañas, pero la anormalidad perniciosa del sistema mexicano alienta una generalizada duda, no respecto a quién debería ser el ganador de estos comicios, sino como reflejo de esa falta de democracia, si los factores de poder que controlan los mecanismos electorales, mediáticos y represivos permitirán el desenlace natural del proceso en curso o aplicarán toda su fuerza en adulterarlo, en cometer un fraude electoral más.

Por lo pronto, el tabasqueño delantero se mantiene como suministrador de las noticias o declaraciones más polémicas e impactantes: ayer, además de enviarle un mensaje a Donald Trump (México no será piñata de ningún gobierno extranjero), reafirmó su decisión de cerrar el paso a la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, convencido de que hay un entramado de alta corrupción en ese proyecto, entre el azoro y reticencia de grupos empresariales a los que aterra la idea de revisar el más importante de los negocios emprendidos por el grupo en el poder, que muchas muestras ha dado de una voracidad desbordada a la hora de comisionar obras y servicios.

López Obrador también reiteró su disposición a recibir la mitad de lo que hoy gana Enrique Peña Nieto y, aun cuando en otras ocasiones había hablado de vivir en Palacio Nacional, ahora mencionó que, de ganar las próximas elecciones, habitaría en su domicilio actual y prescindiría del servicio institucional del Estado Mayor Presidencial. Respecto a los haberes que percibirá, resulta plausible el poner ejemplo de austeridad, como hizo cuando fue jefe del gobierno capitalino. Pero ni siquiera a él le pertenecería la decisión de exponer al jefe del Estado mexicano a venganzas de grupos de alta peligrosidad, como los cárteles del narcotráfico, al pretender vivir en una dirección particular y sin la protección explicable y justificada del Estado Mayor, no al ciudadano López Obrador sino, en caso de triunfar, al presidente de los Estados Unidos Mexicanos, llámese éste como se llame.

José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés han intentado peculiares baños de pueblo. El priísta ha optado por propaganda gráfica en la que prescinde del emblema del partido a cuyo nombre compite, en un esfuerzo de distanciamiento estético que sólo concede como ilustraciones de fondo alguno de los colores tradicionales, el verde o el rojo: Meade buscando recuperar el posicionamiento pretendido desde un principio, el del candidato ciudadano, no partidista, aunque sus reuniones masivas han contado inequívocamente con la pátina del dinosaurismo pinolero; en Mérida, la operación a cargo del gobernador saliente de Yucatán, Rolando Zapata Bello. De sus discursos, lo más notable es la insistencia en que él será el primer Presidente de la República sin fuero.

El panista Anaya Cortés no ha podido retomar con firmeza el aire retador de sus primeras semanas como candidato. Ha dado a conocer la conformación de un equipo de apoyo que reitera las complicidades internas de Acción Nacional (Josefina Vázquez Mota y sus mil millones de pesos para ayuda a migrantes que le dio el gobierno peñista; Jorge Romero, el ex jefe delegacional en la Benito Juárez de la Ciudad de México, entre otros nombres significativos), cede algunas posiciones a sus aliados, sobre todo a los perredistas, y reitera que, más allá de la oratoria, no hay mayores indicios reales de propósitos de cambio profundo en el funcionamiento del sistema político mexicano.

Presunta cuarta participante en la boleta electoral, Margarita Zavala Gómez del Campo ha destinado su mayor esfuerzo a tratar de convencer de que su candidatura no está en riesgo, lo que en términos políticos pudiera ser cierto (pues pareciera que es una decisión política de primer nivel el habilitarla como competidora, a pesar de su 45 por ciento de irregularidades en la recolección de firmas de apoyo a su aspiración como independiente), pero no en términos jurídicos, pues la realidad tajante es que su postulación está bajo reserva, sometida a una revisión de los mecanismos financieros que utilizó para conseguir sus firmas de apoyo y, desde luego, de los eventuales delitos que se hubieran cometido en el contexto de esas anomalías que el Instituto Nacional Electoral pretende disculpar.

En todo caso, y con el ejemplo de Zavala Gómez del Campo como muestra de esa vocación fraudulenta, lo más notable de estos días de arranque de campañas es el incremento de reportes sobre maniobras con recursos públicos, o privados de origen oscuro, para repartir beneficios entre grupos sociales susceptibles de manipulación para votar o no votar, según convenga al interés de los patrocinadores de esas maniobras.

En Chiapas se produjo una cruda transferencia de los activos políticos del gobernador Manuel Velasco Coello, formalmente miembro del partido Verde, a las candidaturas de Morena: además del aspirante a gobernador, Rutilio Escandón (designación hecha desde meses atrás), las dos candidaturas al Senado fueron asignadas a personajes ligados a Velasco, sobre todo Eduardo Ramírez, quien encabezó la rebelión desde el Verde velasquista contra la designación del abanderado priísta a gobernador. En las postulaciones a diputados federales también hay representantes de la corriente de dicho gobernador: VelascoMor.

Y mientras ha sido torturado y está en delicado estado de salud Santiago Ambrosio Hernández, el presidente del comité de víctimas de Nochixtlán, Oaxaca, donde la Policía Federal realizó un desalojo el 19 de junio de 2016, con un saldo de ocho muertos y más de 140 heridos, ¡hasta mañana!

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