El pleno del Senado citó al presidente municipal de Choix, Sinaloa, José Lindolfo Reyes Gutiérrez, para que el 12 de abril explique su negativa a acatar la recomendación 39/2017 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que le solicita apoyar a 2 mil 38 víctimas de desplazamiento forzado interno en esa región, debido a la violencia.

En un oficio enviado el 27 de marzo al presidente del Senado, Ernesto Cordero (PAN), el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, señaló que el munícipe respondió por teléfono a un visitador adjunto, quien lo buscó al no tener respuesta en los 15 días hábiles siguientes a su notificación (como establece la ley), que no estaba de acuerdo con la recomendación, que él no conocía a las 2 mil 38 personas desplazadas, no tenía sus nombres y tampoco sus domicilios, y que no aceptaba la recomendación.

González Pérez explicó que al negarse a acatar los señalamientos de la CNDH, el ayuntamiento de Choix violó los derechos humanos a la libertad de circulación y residencia, así como a no ser desplazado forzadamente, a garantizar el interés superior de la niñez, a la seguridad personal, a la propiedad, a la asistencia humanitaria y a las medidas de ayuda inmediata, a un nivel de vida adecuado, a la alimentación, a la vivienda o alojamiento, a la salud, la educación y al trabajo, entre otros.

Añadió que se formularon 12 recomendaciones específicas al edil Reyes Gutiérrez, entre ellas, de manera conjunta con el gobierno del estado de Sinaloa, se diseñe e implemente un programa de reparación colectiva que tenga como objetivo brindar a las personas desplazadas condiciones dignas de vida, así como las herramientas y medios que necesiten para restablecer sus medios de subsistencia, además de brindarles atención médica y sicológica.

De igual forma se le pidió que conjuntamente con el gobierno del estado realice un censo que confirme cuántas personas se desplazaron de los municipios de Leyva, desde enero de 2012, y de Choix, a partir de mayo de 2012; que realicen un diagnóstico que evidencie la situación en que se encuentran las personas desplazadas y diseñen un programa de seguridad para reducir los índices de inseguridad, entre otras medidas.