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Interfiere la policía en asamblea ejidal sobre Milpillas
Corresponsal
Periódico La Jornada
Martes 16 de octubre de 2018, p. 30

Zacatecas, Zac., Con el apoyo de policías estatales armados, ejidatarios de la comunidad El Potrero, municipio de Jiménez del Teúl, aprobaron abrir caminos hacia el río Atenco, donde los gobiernos estatal y federal pretenden construir la presa Milpillas, a pesar de la oposición de algunos campesinos.

Un grupo de 20 ejidatarios opositores al proyecto intentaron ingresar a la asamblea realizada el domingo, pero fueron retenidos por la fuerza pública. La votación oficial de la ocupación de tierras fue de 33 votos a favor y 28 en contra. Aseguraron que a una decena se les impidió votar.

Este lunes, la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) señaló como responsables de transgredir la autonomía ejidal al gobernador Alejandro Tello Cristerna y a Francisco Godoy Cortés, delegado de la Procuraduría Agraria, a quienes acusó de ‘‘represores y violadores de los derechos humanos’’.

Desde que se anunció el proyecto de la presa Milpillas y un acueducto de 167 kilómetros para trasvasar agua a la zona conurbada de Fresnillo, Calera y Zacatecas-Guadalupe, investigadores universitarios, activistas y organizaciones sociales, entre ellas el Observatorio de Conflictos Mineros de Zacatecas y la REMA, se opusieron a la obra.

Denunciaron en foros y conferencias que el agua no sólo será para consumo de los habitantes, sino fundamentalmente para abastecer a la compañía cervecera Grupo Modelo y a dos minas de Grupo Peñoles. Se calcula que la obra costará más de 10 mil millones de pesos al erario.

Sobre la accidentada asamblea ejidal realizada el domingo, la REMA informó que también estuvieron la alcaldesa Victorina Espinoza Sánchez; Alfonso del Real, subsecretario de la Secretaría General del Gobierno estatal, y Luis Fernando Maldonado Romero, titular de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente.

Además, acusaron que la policía del estado ‘‘intimidó, desalojó y golpeó a ciudadanos y ejidatarios que denunciaron la intromisión de las autoridades en la vida autónoma del ejido. Cuando algunos de los ejidatarios preguntaron por qué estaba ahí la policía, el enviado del secretario general de Gobierno dijo que por ‘protocolo’’’.

En tanto, el gobierno de Zacatecas presumió ayer, en un comunicado, ‘‘el histórico acuerdo alcanzado con los ejidatarios’’, que ‘‘autoriza el proceso de expropiación de 125 hectáreas de uso común, que se utilizarán en la zona de embalse y caminos de acceso en la construcción de la presa Milpillas’’.