La iniciativa de Morena en la Cámara de Diputados para reformar las leyes de Navegación, Comercio Marítimo y la de Puertos, tendiente a retirar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) la vigilancia y control administrativo de los 117 puertos localizados en los litorales para cederlos a la Secretaría de Marina (Semar), genera controversia porque la oposición opina que en esas terminales el tráfico de drogas y sustancias prohibidas es insignificante. La postura del partido promotor advierte que en esos sitios las actividades ilícitas son incalculables.

Los opositores aducen que sólo en 11 países (de 174) la vigilancia está a manos de las fuerzas armadas y forman parte de regímenes militares. No obstante, de los 117 puertos en México, sólo 16 son controlados por la SCT, y el resto se encuentra bajo la gestión de empresas privadas, 74 de ellos fueron concesionados bajo el concepto de cesión parcial de derechos a las API (administradora portuaria integral).

Ante tal escenario, del cual se desprende que las actividades de control y vigilancia de esos sitios estratégicos se encuentran en manos de personal civil de vigilancia, la propuesta de cambio a la ley –que se encuentra turnada a la Comisión de Gobernación, para ser dictaminada– contempla otorgar a la Semar la rectoría del transporte marítimo, ante la creciente incidencia delictiva en ese ámbito. Tal consideración desata controversia entre los partidos opositores, que avizoran la consolidación en México de un modelo militar-naval, que encabece la autoridad marítima mercante.

Entre los argumentos contra la pretensión de imponer un control de seguridad en esas terminales, aluden que en el orbe, 94 por ciento de las autoridades marítimas son ministerios de transporte o guardia costera. El 6 por ciento restante provienen de los estados miembros cuyas autoridades marítimas tienen corte militar, como herencia de un pasado dictatorial.

La iniciativa de reformas advierte que los puertos se han convertido en zonas porosas y, por tanto, sitios de paso para toda clase de mercancías, desde lícitas hasta ilícitas. Y, además, de los 117 puertos y terminales diseminados por los litorales del país, si bien 16 están sectorizados a la SCT, esas mismas terminales también cuentan con contratos de cesión parcial de derechos vigentes celebrados con empresas privadas.

Así, la defensa de la oposición integrada por PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, del actual sistema de administración privada de los puertos nacionales, comenta que los contendores provenientes del extranjero se encuentran sellados, y en los documentos viene el número de sello de origen (del puerto de salida) que tiene que coincidir al arribar con el puerto de destino, por lo que hay un control tácito.