La nueva Ley de Aguas Nacionales autoriza la concesión a particulares

En marcha, la privatización del sector hídrico del país, advierten especialistas

ANGELICA ENCISO L.

Con una campaña publicitaria apocalíptica sobre el agua y llamados a pagar su costo real, hay indicios de que el gobierno federal se encamina a privatizar ese recurso. En la Ley de Aguas Nacionales, recién aprobada por el Congreso de la Unión, se autoriza la concesión a particulares y la desestatificación de acueductos y presas, no sólo de las que dotan del líquido a poblaciones, sino también de aquellas que generan electricidad.

En el foro El agua, recurso estratégico ¿público o privado?, organizado por La Jornada y Casa Lamm, especialistas advirtieron que el gobierno se encamina a ceder el control de ese recurso a particulares, y se preguntaron qué harían los concesionarios ante la disyuntiva de dar agua a una población o a una industria, ya que los intereses económicos van por delante.

El investigador Félix Hernández Gamundi, en su intervención, aseveró que la política gubernamental plantea que la única solución al problema de la escasez de ese recurso tiene que pasar por el sector privado, y la "nueva cultura del agua" es pagar más por ella. En esta línea está la creación de mercados de ese líquido, mediante los cuales ejidos y campesinos pueden ceder los derechos de uso que les asigna la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que antes eran intransferibles.

Recordó que las cámaras de Senadores y Diputados aprobaron por unanimidad la Ley de Aguas Nacionales, en la que se da pauta a todo el proceso privatizador. En el artículo 79 se autoriza al jefe del Ejecutivo concesionar y privatizar las grandes obras federales, como presas y acueductos, que abastecen a ciudades y zonas de riego, y las que tienen como propósito generar electricidad.

Así, "mientras nos manifestamos en contra de la privatización del sector eléctrico, por la trastienda se mete una ley de aguas nacionales que autoriza todo eso". Para ello se descentraliza la Conagua y se sigue una política similar a la que estableció Margaret Thatcher en Inglaterra cuando privatizó el recurso: se descentralizó el organismo regulador, se establecieron organismos de cuenca y éstos pasaron a ser empresas regionales de agua y privatizadas; ahora son las grandes trasnacionales del líquido. Todo esto, dijo, está planteado en la nueva ley.

Agregó que los procesos de privatización se dan con el argumento de que las trasnacionales traen dinero, tecnología y recursos humanos calificados, pero esas empresas no han traído dinero, tecnología ni recursos. "En México hay 450 organismos municipales de agua y de ellos tres son los más calificados, pero ninguno es privado." Como ejemplo mencionó el caso de Cancún, donde se estableció el segundo organismo mexicano privatizado, en el que "al principio participó una empresa nacional", después una trasnacional compró 49 por ciento, se rompió el contrato porque no pudo pagar, y se vendió 49.9 por ciento de la concesión a una segunda industria foránea que hizo el pago con un crédito de Banobras.

Entre los ejemplos de la privatización del agua está el caso de Chile, donde el líquido que escurre superficialmente está concesionado, es manejado por trasnacionales. "Los campesinos tienen prohibido tomar agua de los ríos, porque 80 por ciento está concesionado a la empresa española Endesa", mencionó, por su parte, el investigador Andrés Barreda. Precisó que las empresas extranjeras que manejan el líquido también se dedican al flujo de información, energía eléctrica o energéticos, y entre ellas están Vivendi, Enron y RW Group.

Señaló que la tendencia es descentralizar el manejo del agua con un mercado complementado con el mensaje de "uso sustentable" del líquido. Y en este discurso se incluyen los "pagos de servicios ambientales", que se presentan como solución a la pobreza, pero esto entra en el capítulo nueve del Area de Libre Comercio de las Américas, en el que se pide al Estado que deje los servicios libres a las empresas. Así, la biodiversidad y el agua, vistos como servicios, quedarían en manos del sector privado.

En la nueva ley también se establece el cobro a los campesinos por extracción de agua, ya que cuando termine su concesión se les hará el cobro y se desconocen los derechos de los indígenas sobre el recurso, que "es un bien público y no puede ser privatizado", expresó, a su vez, Jaime Castillo, de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.

"El sector privado abrirá la llave a quien más dinero le deje, y la pregunta es si los concesionarios serán capaces de valorar el agua para los distintos sectores." Si, por ejemplo, en la presa El Cuchillo, en Nuevo León, el sector privado enfrenta la disyuntiva de dar el recurso a la industria, que requiere el líquido para producir, o a los habitantes, que lo necesitan para subsistir, "¿por qué sector se decidiría?"