.. | México D.F. Miércoles 3 de marzo de 2004
La nueva Ley de Aguas Nacionales autoriza la
concesión a particulares
En marcha, la privatización del sector hídrico
del país, advierten especialistas
ANGELICA ENCISO L.
Con una campaña publicitaria apocalíptica
sobre el agua y llamados a pagar su costo real, hay indicios de que el
gobierno federal se encamina a privatizar ese recurso. En la Ley de Aguas
Nacionales, recién aprobada por el Congreso de la Unión,
se autoriza la concesión a particulares y la desestatificación
de acueductos y presas, no sólo de las que dotan del líquido
a poblaciones, sino también de aquellas que generan electricidad.
En
el foro El agua, recurso estratégico ¿público o
privado?, organizado por La Jornada y Casa Lamm, especialistas
advirtieron que el gobierno se encamina a ceder el control de ese recurso
a particulares, y se preguntaron qué harían los concesionarios
ante la disyuntiva de dar agua a una población o a una industria,
ya que los intereses económicos van por delante.
El investigador Félix Hernández Gamundi,
en su intervención, aseveró que la política gubernamental
plantea que la única solución al problema de la escasez de
ese recurso tiene que pasar por el sector privado, y la "nueva cultura
del agua" es pagar más por ella. En esta línea está
la creación de mercados de ese líquido, mediante los cuales
ejidos y campesinos pueden ceder los derechos de uso que les asigna la
Comisión Nacional del Agua (Conagua), que antes eran intransferibles.
Recordó que las cámaras de Senadores y Diputados
aprobaron por unanimidad la Ley de Aguas Nacionales, en la que se da pauta
a todo el proceso privatizador. En el artículo 79 se autoriza al
jefe del Ejecutivo concesionar y privatizar las grandes obras federales,
como presas y acueductos, que abastecen a ciudades y zonas de riego, y
las que tienen como propósito generar electricidad.
Así, "mientras nos manifestamos en contra de la
privatización del sector eléctrico, por la trastienda se
mete una ley de aguas nacionales que autoriza todo eso". Para ello se descentraliza
la Conagua y se sigue una política similar a la que estableció
Margaret Thatcher en Inglaterra cuando privatizó el recurso: se
descentralizó el organismo regulador, se establecieron organismos
de cuenca y éstos pasaron a ser empresas regionales de agua y privatizadas;
ahora son las grandes trasnacionales del líquido. Todo esto, dijo,
está planteado en la nueva ley.
Agregó que los procesos de privatización
se dan con el argumento de que las trasnacionales traen dinero, tecnología
y recursos humanos calificados, pero esas empresas no han traído
dinero, tecnología ni recursos. "En México hay 450 organismos
municipales de agua y de ellos tres son los más calificados, pero
ninguno es privado." Como ejemplo mencionó el caso de Cancún,
donde se estableció el segundo organismo mexicano privatizado, en
el que "al principio participó una empresa nacional", después
una trasnacional compró 49 por ciento, se rompió el contrato
porque no pudo pagar, y se vendió 49.9 por ciento de la concesión
a una segunda industria foránea que hizo el pago con un crédito
de Banobras.
Entre los ejemplos de la privatización del agua
está el caso de Chile, donde el líquido que escurre superficialmente
está concesionado, es manejado por trasnacionales. "Los campesinos
tienen prohibido tomar agua de los ríos, porque 80 por ciento está
concesionado a la empresa española Endesa", mencionó, por
su parte, el investigador Andrés Barreda. Precisó que las
empresas extranjeras que manejan el líquido también se dedican
al flujo de información, energía eléctrica o energéticos,
y entre ellas están Vivendi, Enron y RW Group.
Señaló que la tendencia es descentralizar
el manejo del agua con un mercado complementado con el mensaje de "uso
sustentable" del líquido. Y en este discurso se incluyen los "pagos
de servicios ambientales", que se presentan como solución a la pobreza,
pero esto entra en el capítulo nueve del Area de Libre Comercio
de las Américas, en el que se pide al Estado que deje los servicios
libres a las empresas. Así, la biodiversidad y el agua, vistos como
servicios, quedarían en manos del sector privado.
En la nueva ley también se establece el cobro a
los campesinos por extracción de agua, ya que cuando termine su
concesión se les hará el cobro y se desconocen los derechos
de los indígenas sobre el recurso, que "es un bien público
y no puede ser privatizado", expresó, a su vez, Jaime Castillo,
de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas.
"El sector privado abrirá la llave a quien más
dinero le deje, y la pregunta es si los concesionarios serán capaces
de valorar el agua para los distintos sectores." Si, por ejemplo, en la
presa El Cuchillo, en Nuevo León, el sector privado enfrenta la
disyuntiva de dar el recurso a la industria, que requiere el líquido
para producir, o a los habitantes, que lo necesitan para subsistir, "¿por
qué sector se decidiría?"
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