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Acusan a Agropecuaria Las Mercedes de semiesclavitud, encierro y mala alimentación

Empresa agrícola subsidiada por el gobierno explota a jornaleros

Fueron enganchados por el Servicio Nacional de Empleo y funcionarios estatales, aseguran

Autoridades de derechos humanos de Guanajuato intentan disuadirlos de presentar querella

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Tres de los jornaleros de Irapuato, Guanajuato, que denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato los abusos que presuntamente vivieron en Sonora. Pidieron omitir sus nombresFoto Carlos García
Corresponsal
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de marzo de 2009, p. 37

Irapuato, Gto., 24 de marzo. Treinta y un jornaleros contratados por conducto del Servicio Nacional de Empleo del gobierno federal escaparon de un viñedo de Hermosillo, Sonora, y cinco denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato que los obligaban a trabajar en condiciones de semiesclavitud, con jornadas de 12 horas diarias, encerrados en barracas donde les daban cartones en vez de cobijas y los alimentaban con caldo de frijol sucio.

En total, dijeron, unas mil 700 personas de al menos 10 entidades fueron seleccionadas por el Servicio Nacional de Empleo para trabajar en el viñedo, propiedad de la empresa Agropecuaria Las Mercedes.

Los jornaleros relataron que en ese campo había familias completas procedentes de Chiapas y trabajadores canalizados por los gobiernos de Puebla, Veracruz, Colima, Oaxaca, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero y Sonora.

La Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) del gobierno de Guanajuato envió a esos viñedos a unas 300 personas reclutadas en los municipios de Abasolo, Jaral del Progreso, Salamanca, Irapuato, Cuerámaro, Moroleón, Valle de Santiago y Pénjamo.

Durante el reclutamiento, la SDES explicó a los aspirantes que recibirían 8 mil pesos mensuales, tres comidas diarias, y que tendrían servicios de guardería y envíos de dinero.

El primero de marzo el grupo partió a Sonora. Cuando llegaron al viñedo, enclavado en el desierto, los instalaron en dormitorios con literas de tablones. Cuando pidieron cobijas los encargados rieron y les dieron cartones.

Nos dijeron que no era un hotel de cinco estrellas, pero al llegar todo fue desilusión, comentó uno de los afectados.

Nos encerraban. Tenían candados y cadenas para que no saliera la gente. Yo me escapé en la noche, y como no tenía dinero trabajé una semana en (el corte de) la calabaza para regresar, recordó José Antonio Salazar Ceja, de 23 años.

Antonio Cisneros dijo que caminó cinco horas al poblado de Pesqueira, donde habló por teléfono con personal del gobierno de Guanajuato, al que contó lo ocurrido, pero no le hicieron caso. Me sentí un esclavo. Estaba triste por haber caído. Pensaba que era algo mejor y fue pura mentira, narró.

El 13 de marzo la Procuraduría de los Derechos Humanos de Guanajuato recibió la queja 70/09-B que interpusieron Raymundo Aguilera Ramírez, Agustín Álvarez Sámano, Antonio Cisneros Álvarez, José Humberto Aldaco Moreno y José Antonio Salazar Ceja.

Agregaron que la Procuraduría de los Derechos Humanos de Celaya no quiso aceptar las quejas de gente de Moroleón y los remitió a las autoridades laborales. En Irapuato, el subprocurador de los derechos humanos, Alejandro Hernández Méndez, trató de convencerlos de que no denunciaran.

Cuando uno de los jornaleros estaba declarando le dijeron que le llamaban de la oficina del Programa de Empleo del gobierno del estado.

“Después hablé con la encargada (regional de Irapuato) de la oficina (del Servicio Estatal de Empleo, Concepción Hernández González) y me dijo que viera los hechos como una prueba o un castigo de Dios, porque regresando tendría un mejor empleo. Le pregunté: ‘¿Qué mejor empleo?’ Y dijo: ‘El que te voy a ofrecer”’, relató el trabajador, que pidió el anonimato.

Héctor López Santillana, secretario de Desarrollo Económico de Guanajuato, dijo que el programa jornalero agrícola es responsabilidad del gobierno federal. Una vez que vinculamos (a los trabajadores con las empresas, el asunto) queda bajo responsabilidad del servicio de empleo del estado correspondiente, en este caso el de Sonora, argumentó.

Un ganador del TLCAN

El empresario Marco Antonio Molina Rodríguez, presidente de la Fundación Produce Sonora AC, que recibe subsidios de Alianza para el Campo, es dueño de Agropecuaria Las Mercedes, SA de CV, ubicada en la comunidad Estación Pesqueira, municipio de San Miguel de Horcasitas, en la zona centro del estado.

Ese campo vitivinícola fue creado en 1980 y ha sido promovido como uno de los que ofrecen mejores condiciones laborales en el estado. Gracias al Tratado de Libre comercio de América del Norte (TLCAN) exporta a Estados Unidos y Canadá.

El crecimiento que ha logrado Grupo Molina en 20 años le permitió comprar la comercializadora Fresh Farms en Nogales, Arizona.

Molina Rodríguez fue dirigente de la Asociación de Organismos Agrícolas del Norte de Sonora, la agrupación más importante del ramo hasta 2007.

El 8 de marzo La Jornada informó de otro campo agrícola, Viñedo Alta, ubicado en Estación Pesqueira, donde también se cometían abusos contra jornaleros traídos de Puebla.