En el contexto del Día del Medio Ambiente en México y a casi tres años de transcurrida la actual administración federal, se acumulan asuntos pendientes, como ausencia de acciones concretas para atacar el cambio climático, deforestación, rezago en el manejo de residuos peligrosos y diversas regulaciones sin atender.

Ayer, en Quintana Roo –uno de los estados más ricos en biodiversidad y desarrollo turístico–, durante la realización del Día Mundial del Medio Ambiente bajo el lema Tu planeta te necesita. Unidos contra el cambio climático, expertos evaluaron la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Al comienzo de su gestión, el titular de la Semarnat, Juan Elvira Quesada, sostuvo que los ejes de su acción serían la protección de bosques y selvas, el cuidado del agua, la integración de planes de manejo en las áreas naturales protegidas y la gestión integral de residuos sólidos y peligrosos. También aseguró que el cambio climático era un tema de seguridad nacional.

A casi tres años del gobierno de Felipe Calderón, apenas se presentaron rasgos generales del Programa Especial de Cambio Climático. Éste debe contener metas y objetivos específicos, medibles y cuantificables de lo que va a hacer México para ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono que están contribuyendo con el cambio climático mundial, señaló Gustavo Alanís, director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

Por su parte, Greenpeace indicó: No existe una política ambiental de compromiso para disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero, y mientras en el discurso internacional se insiste en que México las reducirá 50 por ciento para 2050, el programa de obras e inversiones del sector eléctrico 2009-2018 señala que la segunda tecnología para la generación de energía en el país será el carbón. Esto demuestra la incongruencia del gobierno federal en materia de políticas sobre energía y en los esfuerzos para revertir los efectos del cambio climático.

Alanís consideró que en materia forestal ha quedado al descubierto que Pro Árbol, el principal programa ambiental de esta administración, no ha dado los resultados esperados, se han plantado especies donde no se dan, las cifras no coinciden y no es claro el manejo del dinero, por lo que se requiere que se redefina, sea transparente y cumpla con las metas de reforestación, frente a una pérdida forestal de alrededor de entre 400 mil y 600 mil hectáreas.

Tras la salida de José Cibrián de la dirección de la Comisión Nacional Forestal en marzo pasado, aún no se ha designado a quien lo sustituirá, agregó.

Indicó que también hay un enorme rezago en cuanto a confinamientos para la disposición final de residuos peligrosos, ya que sólo uno opera en todo el país, el de Mina, Nuevo León.

Refirió que a pesar de la existencia del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sustentable y los consejos regionales –espacios de participación pública en materia ambiental para asesorar a la Semarnat–, en la práctica no han servido para nada; no se da seguimiento a las recomendaciones.

En tanto, Daniel Basurto, director de la Asociación Mexicana de Pilas, dijo que sin una norma mexicana específica sobre estos productos, la que se trabajó desde 2007 entre la Semarnat, los importadores de baterías y expertos, ya está lista. Desde noviembre pasado está en el escritorio de la secretaría, guardada, no la han sacado.

En cambio, agrega Greenpeace, se han aprobado regulaciones que afectan al medio ambiente como con la nueva Ley de Turismo, sobre la cual la Semarnat no se pronunció, aunque permite aplicar a discreción un artículo de la Ley General de Vida Silvestre, la cual al aprobarse al principio de esta gestión fue un avance en la protección del manglar. Ahora, la nueva legislación deja en los municipios la decisión de autorizar la tala de ese ecosistema para construir desarrollos turísticos.

Gustavo Alanís agregó finalmente que otro gran pendiente es la justicia ambiental. Estamos muy rezagados; sigue habiendo impunidad, falta legalidad y un verdadero estado de derecho ambiental. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, a más de 15 años de su creación, no ha dado los resultados esperados. Responde en muchas ocasiones a intereses políticos, de funcionarios y empresarios que no respetan ni a la ley ambiental ni a la naturaleza.