El alcalde de Zitácuaro, Michoacán, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, está a la espera de obtener en las próximas horas una suspensión en vía de amparo, con la que pretende recuperar su libertad o al menos provocar una reacción legal de parte del Congreso de aquel estado, con el argumento de que el juez federal que ordenó su arraigo se excedió en sus atribuciones y violó la Constitución federal.

Mediante una demanda de amparo, el edil denunció ante el juzgado cuarto de distrito una supuesta violación al artículo 115 de la Carta Magna, en la que incurrió el juez federal de control Eduardo Torres, quien la semana pasada ordenó el arraigo por 40 días de Ixtláhuac Orihuela y de otros nueve presidentes municipales michoacanos acusados de tener vínculos con el cártel de La Familia.

Afirmó que al inmiscuirse el juez sexto de distrito especializado en arraigos en la decisión de la Legislatura de Michoacán sobre la destitución del quejoso como presidente municipal, violó la autonomía del Congreso local, pues se entrometió en un asunto que es de exclusiva competencia de los legisladores locales, sostuvo el edil al solicitar ayer el amparo.

Francisco Sarabia, juez federal en materia de amparo, resolverá este martes si concede la suspensión solicitada.

Los otros nueve alcaldes detenidos también interpusieron demandas de garantías, aunque no argumentaron el concepto de violación relativo al artículo 115.