A cambio de dejar sin efecto compromisos económicos derivados del convenio que originó la inhabilitación de Raúl Muñoz Leos y otros funcionarios (el 10275/04), Petróleos Mexicanos (Pemex) dio por finiquitado un adeudo por más de mil 580 millones de pesos que el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) tenía con la paraestatal en agosto de 2003.

Lo anterior se desprende del oficio OAG/0329/2009, de fecha 27 de marzo de 2009, suscrito por el abogado general de Pemex, José Néstor García.

El documento fue enviado al entonces auditor especial de cumplimiento financiero de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Juan Manuel Portal Martínez –hoy titular de esa instancia fiscalizadora del Legislativo–, con el fin de demostrar los términos en los que se habrían recuperado los recursos que provocaron daño patrimonial a Pemex.

El convenio 10275/04, al que hace referencia el oficio, fue validado por Muñoz Leos y otros funcionarios que comprometieron la entrega de más de 7 mil 781 millones de pesos al STPRM, por supuestos compromisos del contrato colectivo de trabajo (CCT).

De ese monto, se pagaron mil 724 millones de pesos de manera directa al STPRM en 2004, cantidad que fue incorporada indebidamente en el CCT, según auditoría de la Secretaría de la Función Pública.

Tras la sanción a Muñoz Leos (por una suma igual a la que éste entregó al sindicato que dirige Carlos Romero Deschamps), quedaban pendientes diversos compromisos económicos que Pemex pagaría en dos años al STPRM.

Sin embargo, el adeudo del STPRM (que no se precisa si fue producto del Pemexgate, mediante el cual el sindicato recibió mil 100 millones de pesos en forma ilegal para la campaña presidencial del priísta Francisco Labastida, en 2000) fue una salida que resolvió los apuros de ambas partes.

En el oficio mencionado se apunta que en agosto de 2003 el sindicato reconoció un adeudo por diversas cantidades erogadas por Pemex a su favor, que sumaron mil 580 millones 354 mil 414 pesos, cuyo pago garantizó el sindicato con las cuotas de sus agremiados, a quienes en conjunto se descontaban 16 millones de pesos mensuales en 2005.

De acuerdo con el oficio, el gremio pagaría el adeudo a la paraestatal hasta 2031. Pero, dada la dificultad para dar cumplimiento a dichos compromisos, con fecha 25 de agosto de 2005, Pemex y el STPRM celebraron el convenio de transacción, exhibido y ratificado ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, elevándolo a la categoría de laudo ejecutoriado, por medio del cual se dio cumplimiento a algunos de los citados compromisos económicos contraídos en el convenio 10275/04, eliminando el resto. No se especifica qué convenios se eliminaron y cuáles se cumplieron.

Sobre el pago de multas y sanciones, la Ley Federal de Fiscalización de la Federación advierte en su artículo 57 que las cantidades recuperadas deben ser entregadas por Hacienda a las tesorerías de los poderes de la Unión y entes públicos federales que sufrieron daño o perjuicio.

“El importe –advierte la ley– quedará en las tesorerías en calidad de disponibilidades y sólo podrá ser ejercido de conformidad con lo establecido en el presupuesto.”