El gobierno federal, por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), nunca apostó por expropiar a la familia Barbachano los terrenos donde se asienta la zona arqueológica de Chichén Itzá, que ahora pasarán a ser propiedad del estado de Yucatán.

Las negociaciones del instituto, desde la época de Vicente Fox, siempre se encaminaron al intercambio de tierras por conducto del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).

Al respecto, en febrero de 2008 el director de ese organismo, Miguel Gómez Mont, reconoció que se encontraban trabajando en la parte estratégica para la explotación turística de la zona, es decir, en un plan maestro. Nada que ver con la expropiación, la cual calificaba de cara y compleja.

Fonatur, señaló entonces el hermano del actual titular de la Secretaría de Gobernación, tenía un gran proyecto que incluía dotar de más infraestructura turística a la zona, incluidos campos de golf y promoción de ecoturismo en los cenotes sagrados, donde se proponían actividades como rapel o buceo, ”es lo que tenemos que empezar a vender”.

En una entrevista con la revista Latitud 21, Miguel Gómez Mont opinó: “Nadie en el mundo va a ir a Chichén Itzá por tres días a ver sus pirámides. Sin embargo, si dotas la zona de infraestructura, como spas, golf, hoteles de bajo impacto, y pones a disposición del turismo todas las maravillas naturales que le rodean habrá más turismo con mayor estadía.

Estamos a la mitad del proceso del proyecto turístico que debe hacerse en Chichén Itzá. ¿Quién lo hace? Parte el estado, parte la iniciativa privada. El turismo ya lo que quiere es diversificación.

Evasivas de Alfonso de Maria

Expertos en el tema coinciden en señalar que fue la falta de voluntad política y pericia legal del INAH la causa de que la propiedad de los terrenos que ocupa Chichén Itzá esté virtualmente en manos del gobierno priísta de Yucatán, con todos los beneficios económicos que ello implica, incluyendo la utilización del sitio como escenario para conciertos multitudinarios.

Desde 2007 diversos actores de la sociedad civil y órganos legislativos solicitaron de manera continua a las autoridades correspondientes la expropiación de los predios donde se ubica el sitio prehispánico.

Como documentó La Jornada, defensores del patrimonio nacional vieron un riesgo en el incremento del lucro en torno a Chichén Itzá, derivado de la campaña comercial privada Nuevas Siete Maravillas del Mundo (New Seven Wonders), que promovió hace tres años el millonario suizo Bernard Weber.

Siempre evasivo en torno al tema, el director del INAH, Alfonso de Maria y Campos, señaló entonces que el gobierno panista estudiaba opciones para apropiarse de los terrenos, los cuales, se dijo, pertenecían a tres comunidades indígenas y a seis particulares, la mayoría de estos últimos pertenecientes a la familia Barbachano.

La Ley de Expropiación vigente establece en el artículo 10 que el precio que se pagará como indemnización por el bien expropiado será equivalente al valor comercial que se fije sin que pueda ser inferior, en el caso de bienes inmuebles, al valor fiscal que figure en las oficinas catastrales o recaudadoras.

Si bien el INAH se negó a proporcionar a la prensa los datos del avalúo de los terrenos de Chichén Itzá que hizo el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), con el argumento de que dar a conocer la suma afectaría las negociaciones, el propio de Maria y Campos diría después que el precio fue de 9 millones de pesos.

Pero la intención del INAH nunca fue expropiar. De los 14 millones de pesos que el instituto recibió en 2006 exclusivamente para destinarlos a la compra de predios ocupados por sitios arqueológicos en diferentes partes del país, no se utilizó un peso en Chichén Itzá, porque no hubo un entendimiento con los dueños, afirmó Alfonso de Maria en julio de 2007.

En entrevistas banqueteras afirmó que el gobierno del entonces presidente Vicente Fox hizo un ofrecimiento por escrito a la familia Barbachano, exclusivamente por su parte, por 8 millones y pico de pesos, pero ellos no contestaron.

No obstante, de acuerdo con la versión estenográfica del Informe de Evaluación Enero-Marzo 2007 del INAH, De Maria y Campos reconoció ante la entonces titular de la secretaría técnica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Carmen Quintanilla, que: El año pasado, por ejemplo, quisimos comprar el predio de Chichén Itzá a valores de Indaabin, eran 9 millones y los propietarios se rieron de nosotros, se rieron.

Forzado a hablar de la expropiación de Chichén Itzá, el director del INAH dijo a La Jornada en julio de 2007 que en ese sitio prehispánico el “problema’” más que de presupuesto consistía en que no se podía obligar a alguien que no quería vender.

¿Y el recurso de la expropiación?, se le insistía.

A lo que el funcionario federal argumentaba: Ahorita, lo que estamos considerando es un intercambio de terrenos. Buscar si alguno de esos propietarios tiene interés en donar una parte a cambio de un terreno.

El interés, en primera instancia, dijo entonces, es por el lado del convencimiento, porque siempre, cuando las cosas se hacen de común acuerdo, es más fácil y más rápido.

Las zonas arqueológicas, explicó De Maria, siempre han convivido con la propiedad privada, comunal y ejidal. La ley orgánica del INAH no es expropiatoria ni inmobiliaria, sólo es para conservar los sitios y monumentos que son de la nación bajo la custodia del instituto. Aunque parezca inverosímil, la ley del INAH no habla de la tierra.

Petición que nunca se hizo

No obstante, en septiembre de 2007 el titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Abelardo Escobar Prieto se manifestó dispuesto para expropiar los terrenos donde se asientan los vestigios mayas de Chichén Itzá: nosotros estamos listos para que nos manden las solicitudes por parte del INAH o de quien corresponda; nosotros las ejecutamos, pero no nos han presentado ninguna hasta ahora. Yo actúo hasta que me presenten la solicitud.

La petición nunca llegó, pero sí la intención de parte del gobierno, primero de Fox y luego de Calderón, de negociar ante todo con los Barbachano, empresarios turísticos que en diversos foros anuncian los hoteles que tienen en las cercanías de Chichén Itzá como los únicos en el mundo que cuentan con zona arqueológica propia.

Mientras el INAH se empeñó en evadir el recurso de la expropiación, la familia Barbachano, por conducto del abogado Gabriel Abdalá hizo público que existía un amparo federal con fecha de 2004 para evitar cualquier intento de ese tipo. También reveló que al no continuar el litigio el gobierno federal, el caso quedó sobreseído, virtualmente cerrado por parte del Poder Judicial de la Federación.

La notificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue emitida desde marzo de 2004, y se esperaba alguna réplica del INAH, pero eso no ocurrió, lo cual ratificó que la propiedad de los terrenos donde se asientan las zonas arqueológicas de Uxmal y Chichén Itzá, consideradas como las principales capitales del mundo maya, era privada.

La familia Barbachano pedía por sus terrenos 750 millones de pesos, cifra que, argumentaban, era resultado de un peritaje internacional.

Ahora, la gobernadora priísta Ivonne Ortega logró convencerlos de que se los vendieran en 220 millones de pesos, de los cuales ya les adelantó de 80 millones de pesos.

Asimismo, los predios que ocupa la bella e imponente Uxmal, en Yucatán, también pertenecen a la familia Barbachano

Según datos del INAH, 85 por ciento de las zonas arqueológicas del país se ubican en terrenos de propiedad privada o comunal.