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Es quien obstaculizó la identificación de los hijos de la dueña de Clarín

Magistrado argentino, vinculado a la apropiación de niños durante la dictadura
Stella Calloni
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 5 de abril de 2010, p. 19

Buenos Aires, 4 de abril. En la investigación solicitada por familiares de detenidos-desaparecidos sobre la colaboración de jueces con la pasada dictadura militar, se conoció que uno de los magistrados de la Cámara de Casación –Gustavo Mitchel–, que suspendió los estudios genéticos sobre la identidad de Marcela y Felipe Noble, los hijos adoptados por Ernestina Herrera de Noble, directora de Clarín, es responsable de la entrega de niños apropiados por militares y policías.

Mitchel fue quien firmó la entrega del hijo de la sobreviviente Sara Méndez, uruguaya secuestrada en Argentina y llevada a su país en la Operación Cóndor, al subcomisario Osvaldo Parodi.

Éste estaba vinculado con el secuestro de Méndez, cuyo hijo Simón Riquelo tenía 20 días. En el operativo participaron militares uruguayos y argentinos, policías y parapoliciales, que la llevaron al Centro Clandestino de Detención Automotores Orletti, donde estaban otros compañeros uruguayos, todo víctimas de terribles torturas. Luego, Sara, con otros sobrevivientes, fue llevada en un vuelo ilegal a Uruguay, donde estuvo también en instituciones clandestinas de los militares de su país.

El juez era titular de un juzgado de menores en tiempos de la dictadura (1976-1983) cuando firmó la entrega del niño.

La denuncia, presentada por un grupo de familiares de desaparecidos y por la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, también señala a José Martínez Sobrino, que era secretario de Mitchell y ahora integra el Tribunal Oral Federal Nº 6 (TOF6).

Precisamente, Sobrino estaría a cargo del juicio sobre el plan sistemático de apropiación de menores, que practicaron los militares aquí, en una de las historias más trágicas de la pasada dictadura.

Riquelo recuperó su identidad en 2002 después de una larga búsqueda de Sara Méndez ayudada por las Abuelas de Plaza de Mayo y por sus compatriotas, como el senador Rafael Michelini.

Ahora Simón Riquelo lleva su verdadero nombre y Sara Méndez actuó con extrema paciencia para que su hijo no sufriera el impacto de la terrible verdad.

En el secuestro y el robo del niño habían participado Parodi, quien se lo apropió, y Eduardo Ruffo, que también se robó a un hijo de desaparecidos.

Parodi –ya fallecido– logró que Mitchell le diera al niño y la adopción definitiva.

La denuncia contra Mitchell y Martínez Sobrino fue presentada ante el procurador general, Esteban Righi, y advierte que la gravedad del caso es que juzgan su propia participación en el robo de niños. Uno, como juez de tribunal oral, debe sustanciar el juicio por medio centenar de apropiaciones, incluida la de Riquelo. El otro, como camarista de Casación, ya entiende en expedientes sobre apropiaciones y podría tocarle resolver apelaciones sobre aquellas en las que intervino, señala la denuncia.

Ambos magistrados participaron en el despojo de la identidad, de los criterios de asignación, del ocultamiento a sus verdaderas familias y de la confección de un expediente ideológicamente falso para realizar una adopción irregular, añade la denuncia de los querellantes representados por el abogado Alejo Ramos Padilla.

Las pruebas presentadas muestran que no existen constancias de que en el expediente de adopción de Simón se haya intentado buscar a los padres del niño, que supuestamente había sido abandonado en la puerta de un sanatorio. “No hubo verificación de hábeas corpus o de nacimientos.”

Hay indicios de que algunos fiscales recusarían a Martínez Sobrino por estar relacionado con los casos que debe juzgar. Pero éste advirtió que no tuvo que ver porque era secretario del juez Mitchel, quien dispuso la entrega del niño a Parodi.

Una de las medidas que Ramos Padilla y los familiares pidieron a la procuraduría es que impulse la intervención de los juzgados de menores para que se analicen todos los expedientes penales y tutelares vinculados al hallazgo de niños entre 1976 y 1983, y las adopciones derivadas de ellos, porque podrían encontrarse muchas pistas.

La denuncia hace hincapié en el papel del Poder Judicial de la dictadura para consolidar la apropiación de niños mediante el robo de su historia, su origen e identidad y la entrega a los apropiadores en un contexto de supuesta legalidad judicial.

Piden además que los jueces sean investigados por el Consejo de la Magistratura y que la Corte Suprema intervenga la vocalía de Mitchel para conocer si omitió excusarse en otros casos similares, En el juicio por el robo de niños serán juzgados, entre otros, los ex generales Jorge Rafael Videla, Cristino Nicolaides y Reynaldo Bignone.