Aunque las economías latinoamericanas se encuentran en un ciclo positivo que les permitió resistir la crisis mundial sin afectaciones de consideración, uno de los principales déficit de los sistemas políticos de la región es la falta de democratización en el debate sobre el crecimiento y en la discusión de los presupuestos anuales, señala el informe sobre la materia elaborado por la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

El documento subraya que una de las consecuencias de esta debilidad es el manejo discrecional de la política económica con fines electorales, que limita considerablemente los márgenes de maniobra del Estado para diseñar y poner en marcha políticas públicas coherentes y sostenibles en el tiempo.

La OEA y el PNUD destacan como una de las mayores debilidades de la democracia latinoamericana –que le impide financiar políticas que reviertan la pobreza en la región– la escasa capacidad de recaudación fiscal que tienen los países.

Según el informe de la OEA, la tasa de evasión estimada en la región es, por ejemplo, en el caso de México, de 38 por ciento, en tanto que en Argentina es de 49.7 y en Chile de 44 por ciento, frente a 22 por ciento de Gran Bretaña, 24.6 de Francia o 29.9 por ciento de Bélgica, según un comparativo de 2005.

Por otro lado, advierte sobre el descrédito en la imagen de los partidos políticos ante la ciudadanía, a pesar de lo cual las tasas de participación electoral se han mantenido estables.

Uno de los factores que han contribuido a prolongar este descrédito, añade, es la pobreza de la oferta electoral ante los ciudadanos.

Mas adelante, la OEA y el PNUD reconocen que la crisis de representación se traduce con frecuencia en crisis de poder democrático. Esto es, en crisis de la misma democracia. Destaca que la relación entre representación, legitimidad y poder es un elemento clave en el que los sistemas democráticos se juegan su capacidad de transformación y de aplicación de políticas públicas.

Al abundar sobre el uso electorero de los presupuestos, el informe de los organismos destaca que las asignaciones de partidas con ese fin terminan por convertirlos en ineficientes y carentes de objetivos sociales concretos. 

Cita por ejemplo la instrumentación de programas de empleo temporales y carentes de objetivos, así como la realización de obras públicas sin fines específicos que sólo permiten a los gobernantes alcanzar victorias electorales inmediatas, pero que acumulan frustraciones sociales ante la falta de respuestas a las demandas reales.