Al agotarse esta semana el plazo legal que el juzgado 16 de distrito de Orizaba, Veracruz, dio a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) para anular la concesión que entregó a Nextel para ofrecer servicios de telefonía móvil de última generación, según el Grupo Salinas, Juan Molinar Horcasitas, titular de la dependencia, aseguró no haber recibido notificación alguna.

De nuevo estoy en ese problema; no hemos sido notificados y no podemos actuar, explicó durante una conferencia de prensa.

En cambio Salvador Rocha Díaz, abogado de Grupo Salinas, insistió en que por no acatar la orden de la jueza Naela Márquez Hernández de anular la concesión, el secretario está en riesgo de enfrentar un proceso penal por violar el artículo 107 constitucional, que consiste en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) lo destituya y lo consigne ante el Ministerio Público.

Molinar Horcasitas admitió este viernes tener conocimiento informalmente de la resolución de la juez en la que, según él, se estableció que la autoridad no tiene responsabilidad alguna (por la entrega del título de concesión) y no ha lugar a hacer una investigación respecto de responsabilidad del secretario de Comunicaciones y Transportes porque no fue notificado debidamente, sino hasta seis días después.

Cumplir la sentencia o combatirla judicialmente

Cuando sea notificado, como autoridad tenemos dos caminos a seguir: cumplir la sentencia o combatirla en el propio sistema judicial conforme a la ley. Lo vamos a hacer como ha habido muchísimas, respondió durante la última conferencia de prensa del año donde ponderó los logros de la SCT durante 2010.

Rocha Díaz aclaró que el juzgado 16 determinó que Molinar Horcasitas no tenía responsabilidad únicamente por la entrega del título, lo cual corresponde a la primera resolución de la juez emitida el 30 de septiembre, debido a que recibió la notificación seis días después de consumado el hecho.

Pero eso es diferente a la segunda resolución de la juez Márquez Hernández, emitida apenas el primero de diciembre. Según el abogado, para la juez Márquez Hernández resultó inegable que Molinar Horcasitas tuvo conocimiento de su primera resolución y por eso declaró fundado que el secretario violó la suspensión, por lo que este mes ordenó anular la concesión. Así que, puntualizó, aunque la juez haya determinado que el secretario no incurrió en responsabilidad por este hecho, si persiste en la desobediencia sí incurrirá en responsabilidad porque se le ordena que deje sin efecto ese título de concesión.

Durante la conferencia, el secretario dedicó por los menos 15 minutos de su exposición a la que llamó exitosa licitación 21 pues se esmeró tanto en detallar sus ventajas en términos de infraestructura, competencia e ingresos fiscales que traerá para el país como en refutar las acusaciones de que se trató de una ganga del espectro radioeléctrico porque acusó que sólo se habla del enganche de 180.3 millones de pesos que pagó Nextel para explotar 30 megahercios y no de los pagos que hará durante los próximos 20 años.

Su explicación no bastó para que la prensa dejara de hacer preguntas sobre el controvertido proceso y el secretario admitió que quedan muchos juicios pendientes. Si bien remarcó que todos provienen de una empresa (Grupo Salinas) ponderó que utiliza su legítimo derecho de defender sus intereses ante los tribunales y que aunque el sector de las telecomunicaciones es demasiado litigoso, sería peor que los particulares no tuvieran oportunidad de defenderse de otros particulares o del Estado.