La defensa del medio ambiente en zonas turísticas es una pelea desigual para las organizaciones no gubernamentales (ONG). Las autoridades federales exigen hasta 2 millones de pesos a las ONG como garantía en caso de existir una demanda por irregularidades en la construcción de algún hotel o un complejo inmobiliario.

Son requisitos desproporcionados para una organización o un quejoso que en lo individual decide interponer un recurso, en comparación con los dueños de los desarrollos turísticos, que tienen mucho dinero, dijeron activistas del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda).

El más reciente recurso de una ONG contra un inversionista turístico es por la construcción del condominio Grand Island, el cual rebasa la densidad establecida en el Plan de Desarrollo Urbano de Cancún.

El Cemda informó a La Jornada que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que existen 36 mil 852 cuartos hoteleros en ese destino turístico y una sobredensificación de 5 mil 862 habitaciones, lo que contraviene el Programa de Desarrollo Urbano local.

En la demanda interpuesta por el Cemda, la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pidió a la agrupación una garantía de 2 millones de pesos para que no siguiera la obra mientras se resuelve el recurso legal.

Ante la imposibilidad de disponer de esa cantidad, la obra no se suspende y se sigue construyendo en detrimento del medio ambiente. Incluso si la demanda es ganada por las ONG, al final de cuentas la obra ya se terminó, aseveró el Cemda.

Por su parte, inversionistas turísticos alegan que las normas que protegen, por ejemplo, al ecosistema de manglares detienen los proyectos turísticos y, sólo en Cancún, contabilizan al menos 15 desarrollos paralizados.

El Cemda ha detectado en La Paz, Baja California Sur, al menos dos grandes desarrollos turísticos que se construyen sin las autorizaciones correspondientes en materia ambiental.

Uno de ellos es el complejo turístico Paraíso del Mar, que pretende construir 3 mil 922 unidades residenciales, un desarrollo hotelero con 2 mil 50 cuartos, dos campos de golf de 18 hoyos cada uno, y una marina exterior con 500 posiciones de atraque, en un área de alta fragilidad ambiental denominado El Mogote, decretada como sitio Ramsar como humedal de importancia internacional. Un sitio Ramsar, en términos generales, se considera a un área en la cual deben mantenerse las condiciones de ecología para proteger su diversidad biológica.

El Mogote, dice el Cemda, es un hábitat donde se encuentran diversas especies en riesgo, como el gallito marino, el tiburón ballena y delfines nariz de botella.

Otra irregularidad detectada es en Los Cabos, un megadesarrollo de Grupo Questro, de la familia Sánchez-Navarro, que pretende construir en un lote de unas 700 hectáreas un complejo inmobiliario turístico de decenas de miles de unidades habitacionales, entre condominios, casas y hoteles.

Parte del proyecto, denunció el Cemda, se ubica sobre el estero de San José, uno de los pocos cuerpos de agua dulce significativos del estado y sitio Ramsar por su importancia mundial como humedal.