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Activistas demandan clausurarlas y multar a los propietarios

Acusan a dos empresas de BC de contaminar con residuos tóxicos
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Aspecto de las instalaciones del tiradero de residuos especiales que, según ambientalistas, invade el derecho de vía de la carretera Mexicali-Tijuana e incumple la distancia mínima de la línea de conducción de gas natural BajaNorte, entre otras irregularidadesFoto Antonio Heras
Corresponsal
Periódico La Jornada
Lunes 23 de mayo de 2011, p. 39

Mexicali BC, 22 de mayo. Activistas presentaron denuncias por delitos ambientales contra dos empresas de esta capital, por mal manejo de residuos peligrosos en instalaciones deficientes.

La organización no gubernamental México, Comunicación y Ambiente denunció ante la Secretaría de Protección al Ambiente del estado a las empresas Fábrica de Papel San Francisco, propiedad de Mario García Franco, y ADSA, representada en esta frontera por Flavio Sandoval.

Solicitó clausurar ambas empresas en forma definitiva, imponerles multas de 20 mil salarios mínimos a cada una y aplicar medidas urgentes para detener los graves impactos ambientales que causa el mal manejo de residuos.

ADSA, ubicada en el kilómetro 2.5 de la carretera Mexicali-Tijuana, en la delegación Progreso, fue constituida en 1998, presidida por el estadunidense George Adams, con participación de César Augusto y Flavio Sandoval González, este último dirigente de la Asociación de Maquiladoras de Mexicali.

Ese año vecinos denunciaron que en el ejido Emiliano Zapata se detectaron 20 trincheras con residuos de hidrocarburos, plomo, cromo, hierro y cobre procedentes de California.

Ernesto Reynoso Nuño presentó en abril de 1998 una denuncia ante la Dirección de Ecología del Estado y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuyo delegado, Francisco Antonio Sandoval Sánchez, reconoció que las autoridades federales autorizaron la entrada de los desechos porque no eran peligrosos e iban a reciclarse.

Los residuos fueron llevados a un predio de la empresa Recicladora Omega, propiedad de los hermanos César Augusto, Flavio y Claudio Sandoval González. Los activistas señalaron que se afectó un área natural prístina sin presentar manifestación de impacto ambiental y sin tramitar cambio de uso de suelo.