El Partido Revolucionario Institucional (PRI) solicitó en el Senado que la Secretaría de Gobernación lleve a cabo un censo de albergues de apoyo a migrantes que operan organizaciones civiles, con el propósito de que la cancillería los incluya como puntos de repatriación, en el marco del memorando de entendimiento que suscribieron las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores (SRE) con el Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos sobre repatriación segura, ordenada, digna y humana de mexicanos.

Asimismo, en el punto de acuerdo que presentó la senadora priísta Amira Gómez Tueme, se solicita a la SRE que emprenda negociaciones con las dependencias estadunidenses correspondientes para lograr su cooperación en la difusión de información sobre los antecedentes criminales de los deportados.

La legisladora pidió también que el Senado exhorte a la cancillería a comenzar pláticas para firmar un acuerdo entre Estados Unidos y México en materia de deportaciones y repatriaciones, que tenga como fundamento el respeto a los derechos humanos y el intercambio de información sobre las personas deportadas. De igual forma, que se invite a la cámara alta a participar como observadora de manera previa a la ratificación de dicho pacto.

La senadora comentó que durante el gobierno del presidente Barack Obama han sido repatriados más de 350 mil personas aanualmente. A julio de este año ya iban 261 mil 266.

La situación se agrava ahora con la decisión de acelerar la deportación de los indocumentados que tengan antecedentes criminales, sin que las autoridades mexicanas puedan tener la oportunidad de conocer la información particular sobre esa situación, señaló.

Advirtió que el incremento de las deportaciones supera la capacidad del Instituto Nacional de Migración, por las limitaciones presupuestales, de infraestructura y de personal.

Es insuficiente, apuntó, la capacidad de atención de los gobiernos estatales y municipales, lo cual se traduce en problemas económicos para los municipios y de inseguridad para todas las comunidades.

Por ello, expone la legisladora, es necesario que las organizaciones de la sociedad civil que cuentan con albergues para apoyar a los migrantes sean reconocidos y puedan ser considerados puntos de entrega de los deportados por las autoridades estadunidenses.