El gobierno federal emitirá un acuerdo para dar recursos a los estados con el objetivo de fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia.

Entre estas medidas se ubican proyectos para la construcción de fiscalías y centros de mediación. Asimismo, para la creación de salas de juicios orales y ejecución de sanciones penales.

Con la participación de las secretarías de Gobernación, de Hacienda y de Seguridad Pública, se ordena brindar asesoría a las entidades, así como financiamiento bajo condiciones preferenciales para construir diversas instalaciones relacionadas con la seguridad pública y la justicia.

En el acuerdo, que será publicado en el Diario Oficial para su puesta en vigor, se asignan responsabilidades a las secretarías de Gobernación, de Seguridad Pública y de Hacienda.

El Banco Nacional de Obras (Banobras) deberá integrar un fondo de 400 millones de pesos para la realización de estudios en este ámbito. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública federal deberá brindar facilidades a los estados para el desarrollo de instalaciones en esta materia mediante el otorgamiento de apoyos no recuperables.

Sobre la responsabilidad de la secretaría técnica para la implementación de la reforma en materia de justicia penal, tendrá la facultad de apoyar a los gobiernos estatales en el diseño de proyectos para fortalecer la justicia alternativa, unidades de atención temprana, fortalecimiento de las policías de investigación y de servicios periciales, entre otros.

A los poderes judiciales locales se les auxiliará en los proyectos ejecutivos para la creación de salas de ejecución de sanciones penales (en el sistema penitenciario) e infraestructura para la defensoría pública, por mencionar algunos puntos.

El documento en referencia ya recibió el visto bueno de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria y ahora es analizado por la Consejería Jurídica del Ejecutivo, a fin de que el presidente Felipe Calderón lo evalúe y pueda ser publicado.