La fracción del PRD en el Senado advirtió sobre el recrudecimiento de la persecución y criminalización de dirigentes sociales y defensores de derechos humanos en Chiapas. Demandó la liberación de 19 tzotziles recluidos en penales de esa entidad y en las islas Marías, a quienes se les encarceló sin existir prueba de los delitos que se les imputan.

En nombre de su bancada, Carlos Sotelo, quien encabezó la comisión senatorial que dio seguimiento al llamado michoacanazo, se refirió también a la situación de Alberto Patishtán Gómez y Fernando Gabriel Montolla Oseguera, encarcelados en represalia por defender derechos de campesinos indígenas y proteger el medio ambiente.

Explicó que los 19 tzotziles son originarios de diversas comunidades del municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán, y se les encarceló en octubre de 2010, después de que se agruparon en la Central de Organizaciones Campesinas y Populares AC, para hacer el reclamo legítimo de carreteras, agua potable, alcantarillado, electrificación, vivienda digna y sistemas de financiamiento para la explotación y comercialización de los productos del campo en sus localidades.

Sin embargo, lejos de acceder a sus demandas, la respuesta del gobierno estatal fue un gran operativo contra los habitantes del municipio, donde sin órdenes de aprehensión y con un enorme despliegue, militares y policías estatales allanaron las humildes moradas de los líderes sociales, como si se tratara de viviendas de grandes narcotraficantes.

Sotelo comentó que otro caso emblemático de la represión judicial de líderes sociales en Chiapas, es el del profesor Alberto Patishtán Gómez, preso desde el 19 de junio de 2000, sentenciado a 60 años de prisión, acusado injustamente de la presunta emboscada y asesinato de policías del municipio de El Bosque.

En realidad, explicó, Patishtán participaba activamente en la vida política de su municipio, denunció la corrupción del ayuntamiento y solicitó la destitución del presidente municipal y la creación de un concejo.

En cuanto a Fernando Gabriel Montolla Oseguera, su delito fue organizar a las comunidades indígenas en la defensa de sus recursos naturales y denunciar riesgosos proyectos para la selva Lacandona, planeados de manera secreta por grupos de interés y los gobiernos estatal y federal.

Sotelo explicó que el PRD pidió formalmente –mediante un punto de acuerdo– la intervención de esa cámara del Congreso, a fin de que exhorte al gobernador de Chiapas, Juan Sabines, a garantizar que no se use el aparato de justicia contra luchadores sociales.

Asimismo, que se exhorte a las autoridades judiciales chiapanecas a revisar la situación jurídica de los 19 tzotziles y de los dos dirigentes comunitarios, se acuerde el desistimiento de las acciones penales correspondientes y se decrete su libertad inmediata.

Hizo notar que desesperados por “las injusticias cometidas por el gobierno estatal, familiares e integrantes de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares mantienen desde el 8 de marzo pasado una huelga de hambre frente a la sede del Congreso de Chiapas, para exigir la libertad de sus presos políticos.