Sociedad y Justicia
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Realizan foro por el Día por la libertad de presos políticos

Persisten cárcel y represión a activistas para desmovilizarlos

La tortura, práctica actual en el País Vasco ante reclamos de autonomía

 
Periódico La Jornada
Miércoles 18 de abril de 2012, p. 46

Encarcelar activistas para reducirlos sicológicamente, al mismo tiempo que se causa terror y desmovilización en el resto de la sociedad, sigue siendo una táctica represiva vigente en la actualidad, cuyos verdaderos objetivos son ocultados y, por tanto, poco discutidos.

Así lo advirtieron integrantes de diversas organizaciones, quienes participaron ayer en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en un foro con motivo del Día internacional por la libertad de los presos políticos, donde explicaron cómo opera esta práctica en realidades muy diversas.

Un activista, quien sólo se identificó como Ciro, del colectivo Amigos de Euskal Herria sección México y de la Diáspora Vasca Javier Mina, señaló que la tortura y el encarcelamiento han sido utilizados por el Estado español desde la dictadura franquista hasta hoy ante los reclamos de autonomía en el País Vasco.

El nivel de violencia institucional es tal, aseguró, que en los últimos 40 o 50 años unos 10 mil vascos han sido torturados –en una región de 2.5 millones de personas–, hay más de 600 presos políticos y al menos una persona muere cada día estando bajo la custodia de la policía.

Sin embargo, lamentó, dichos crímenes no son juzgados porque el aparato judicial español reviste las detenciones y las torturas con un manto de supuesta legalidad, en el marco de la lucha contra el terrorismo.

Rubén Díaz Díaz, ex militante del Partido Revolucionario Obrero Clandestino Unión del Pueblo (Procup), narró las dificultades y restricciones que padeció durante su encarcelamiento, de 1991 a 1998, muchas de las cuales, dijo, tenían la intención de romper su moral y sus convicciones.

Algunos de los castigos que sufrió en el Reclusorio Norte, Santa Marta y el penal de máxima seguridad de Puente Grande fueron el aislamiento en celdas especiales durante varias semanas o la negativa a darle materiales bibliográficos elementales para su defensa, lo que lo llevó a participar en la formación de la Coordinadora Nacional de Presos Políticos en México.