La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) entregó al juzgado decimosegundo de distrito en materia de amparo la información que solicitó acerca de sus investigaciones sobre el general de división Tomás Ángeles Dauahare, y de manera paralela el órgano que dirige José Cuitláhuac Salinas Martínez entró al análisis de las constancias ministeriales que previsiblemente integrarán el pliego de consignación del ex subsecretario de la Defensa Nacional, revelaron funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR).

Esto ocurre a menos de 10 días de que el Ministerio Público Federal determine la situación jurídica de los generales Tomás Ángeles, Roberto Dawe y Ricardo Escorcia, detenidos por presuntos vínculos con integrantes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva y proporcionarle seguridad para sus operaciones a cambio de dinero.

La detención de los tres generales y el teniente coronel Silvio Isidro Hernández Soto se realizó entre el 15 y el 17 de mayo pasado y fueron arraigados durante 40 días. El 21 de junio la PGR solicitó y obtuvo autorización judicial para duplicar el tiempo del arraigo hasta por 80 días.

Durante ese lapso el general Ángeles Dauahare obtuvo un amparo para que la Siedo aceptara las pruebas de descargo aportadas por su defensa; sin embargo, el caso derivó en desacato de los fiscales de la Siedo, debido a que durante varios días no aceptaron las promociones de los abogados del militar. Ayer el juzgado decimosegundo dio por desahogada la recepción de los alegatos de Ángeles Dauahare para que se revise su caso y se valore que los documentos entregados desacreditan los testimonios en su contra rendidos por testigos protegidos.

Al respecto, en entrevista radiofónica con la periodista Carmen Aristegui, el ex subsecretario de la Defensa Nacional negó tener nexos con integrantes de la delincuencia organizada y declaró que la investigación que la Siedo realiza en su contra está plagada de irregularidades y en dos años no han encontrado nada. Han buscado hasta por abajo de las piedras y no han encontrado nada. Afirmó que las imputaciones en su contra fueron hechas por testigos colaboradores, delincuentes que a cambio de algún beneficio se prestan a imputar a cualquier persona.

Resaltó que además de investigar sus cuentas bancarias, en las cuales aseguró poseer 5 millones 20 mil pesos, los fiscales de la Siedo incluso han amenazado a familiares y retirado visas. Es una paranoia espantosa, absurda y preocupante, porque lo que me pasa a mí le puede pasar a cualquier mexicano.

El general Tomás Ángeles dijo que él, al igual que otros de su mismo rango, compitieron en 2006 por el cargo de secretario de la Defensa Nacional y él quedó como subsecretario; que pasó a retiro en 2008 por haber cumplido la edad límite de servicio y que es falso que fue por haber corrido el rumor de que el secretario Guillermo Galván Galván estaba enfermo y lo iba a relevar.

También negó que ambicionara el cargo que ahora ocupa Genaro García Luna, como secretario de Seguridad Pública federal, o que difundiera información falsa en su contra: Es un rumor que sale del Estado Mayor de la Defensa, siendo yo subsecretario. No es verdad.

Rechazó que García Luna hubiese promovido su detención: No tengo ningún argumento para imputarle lo que estoy experimentando al secretario García Luna. Ningún elemento tengo para inculparlo de esto.

Agregó que en 2007 recibió la orden de convertirse en interlocutor con el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y “se empezó a trabajar en ello. Yo incorporé al director del Cisen (Guillermo Valdés), porque había necesidad de algún órgano político, qué mejor que él, que tenía una estrecha relación con el señor presidente, y por su conducto se podían manejar muchas cosas (...) le dije: ‘vamos a trabajar juntos, se requiere de un órgano político’; ese es el origen de eso, era una situación que se mantenía en reserva, y por lo que veo ya no está reservada”.

Cuando se le cuestionó cómo fueron las cosas con el EPR, señaló: Todo iba bien, todo sobre ruedas, al grado que se suspendieron los bombazos. Ellos pedían el traslado de los dos hijos de los fundadores del EPR de Almoloya a un reclusorio civil, cosa que se logró gracias a los oficios de Guillermo Valdés.