Las fracciones de PRD, PT y Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados presentaron en tiempo y forma su propuesta de redacción alternativa para el dictamen de la iniciativa de reforma laboral, en la que se oponen a las nuevas modalidades de contratación, pues junto a la subcontratación, hace añicos la estabilidad en el trabajo.

En contrapartida, proponen fortalecer la libertad, la democracia y la autonomía sindicales, perfeccionar las instituciones del derecho laboral para garantizar seguridad jurídica a trabajadores y empresarios, y crear un seguro de desempleo.

Dos días antes de que la Comisión del Trabajo de San Lázaro empiece a redactar el dictamen de la iniciativa preferente del Ejecutivo, el PRD puntualizó que aprobar la propuesta presidencial en sus términos sería una irresponsabilidad que tendría efectos negativos para varias generaciones de empleados de empresas privadas y de cualquier instancia de gobierno.

En un comunicado, destacó que la competitividad del país no se debe basar en la reducción de los derechos de los trabajadores ni de sus salarios. Una reforma fiscal progresiva, combate a la corrupción y medidas de austeridad tienen que ser las palancas para sacar a México del estancamiento.

En el documento presentado el viernes pasado en la Comisión del Trabajo, los diputados del Frente Legislativo proponen crear un seguro de desempleo, para lo que plantean modificar la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social; semana laboral de 40 horas, reconocimiento constitucional de la contratación colectiva como institución privilegiada del derecho colectivo, supresión de contratos a honorarios y a comisión simulada, e invalidación de documentos firmados en blanco para renuncia voluntaria.

También consideran necesario sustituir la Comisión Nacional de Salarios Mínimos por un instituto nacional del salario mínimo, productividad y reparto de utilidades, y crear el registro público nacional de organizaciones sindicales y contratos colectivos de trabajo.

El PRD criticó la propuesta de suspender el pago de las cuotas sindicales, pues las juntas de Conciliación y Arbitraje, instancias de consigna, podrán decretar esta suspensión para acabar a los gremios democráticos.

También se opone a que la prórroga del trabajo esté sujeta a la pervivencia de la materia de labor, pues ello queda al arbitrio del patrón. Sobre la contratación por horas, semanas o jornadas reducidas, destacan que una medida de tal naturaleza sumiría al asalariado en mayor pobreza y golpeará al casi extinto mercado interno.

Considera que con el arbitraje obligatorio, el patrón o un tercero puede solicitar la intervención de las juntas para poner fin a las huelgas. De igual manera, señala que la permanencia de estas instancias hace que la justicia laboral sea parcial y no expedita, sometida a los intereses políticos y de las empresas.