El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, reconoció que debido a la violencia generada por el crimen organizado, los jueces y magistrados federales han sido amenazados y han visto en riesgo su seguridad, por lo que necesitan mayor protección, más allá de su ángel de la guarda, como son vehículos blindados y escoltas de la Policía Federal, y en casos excepcionales, del Ejército.

En la primera conferencia de prensa que ofrece desde que asumió el cargo, en enero del año pasado, el también presidente del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aceptó que la violencia en algunas regiones ha obligado a modificar horarios de juzgados y tribunales para salvaguardar la integridad física de los empleados judiciales, y reveló que incluso en una ocasión un juez fue levantado y liberado una noche antes de resolver una consignación, por lo que tuvo que pedir el auxilio del Ejército para que lo llevara al juzgado a dictar su resolución.

Saben a qué se enfrentan

Tan pronto como ese funcionario cumplió con su obligación fue transferido a otro juzgado, indicó el ministro presidente de la SCJN, quien dijo que antes –incluso a él le tocó resolver asuntos relacionados con los capos de esos momentos– había menos violencia que la que sufren en la actualidad los juzgadores.

Agregó que los jueces saben muy bien a qué se enfrentan y están comprometidos a cumplir con su labor de manera autónoma e independiente.

En cuanto a los malos elementos dentro del Poder Judicial Federal (PJF), Silva Meza comentó que los primeros interesados en sacar a aquéllos que se apartan de la ley son precisamente los integrantes del Poder Judicial.

Respecto de los casos de jueces que actualmente son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por presuntos vínculos con el crimen organizado, el ministro aseveró: La única exigencia que ha habido por parte de la Suprema Corte o del Consejo de la Judicatura es que cualquier actuación, cualquier reproche, tiene que estar sustentado en pruebas. Si nosotros tenemos las pruebas, somos los primeros en denunciarlos.

El ministro Juan N. Silva Meza, el pasado 8 de octubreFoto Luis Humberto González

No andamos en cacería de nadie, pero cuando los tenemos y hay pruebas, ya no están con nosotros, aseveró ayer el ministro presidente, luego de dar a conocer la realización de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas Constitucionales y Regionales, el próximo jueves y viernes en la ciudad de México.

Comentó también que tiene conocimiento de que están en curso algunas averiguaciones previas de la PGR en contra de jueces federales, además de las dos relacionadas con Efraín Cázares López, quien fue el juez del llamado michoacanazo, pero aseguró que hasta el momento no se ha consignado penalmente a ningún otro juzgador.

Silva Meza aclaró que del universo de investigaciones que lleva a cabo el Consejo de la Judicatura Federal en contra de jueces, no todas tienen que ver necesariamente con posibles nexos con la delincuencia, sino con cuestiones de disciplina y administración de justicia.

Lo que tiene que ver con la posible comisión de delitos, dijo, es competencia de otras autoridades, como la Procuraduría General de la República.

Los relevos

Por otra parte, el ministro presidente hizo un llamado al Senado de la República a que antes del 30 de noviembre próximo elija a los magistrados que sucederán en el cargo a Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y a Sergio Aguirre Anguiano, a efecto de que a partir del próximo primero de enero el pleno de la Suprema Corte esté en condiciones de trabajar, porque laborar con el pleno incompleto es sumamente complicado, advirtió.

Sobre todo porque en temas cruciales, como la invalidez de leyes, se requiere de mayoría calificada de ocho votos para tomar una resolución, insistió.

Asimismo, comentó que a título personal confía en que finalmente sean elegidos dos magistrados de circuito en los cargos que dejarán Ortiz y Aguirre, para así cumplir con lo dispuesto en la Constitución de que los integrantes de la Corte sean preferentemente profesionales con carrera judicial. Aclaró que él no se opone a que lleguen académicos o litigantes sin carrera judicial, pero en este momento es indispensable que así sea.