Las bancadas del PAN y PRD en el Senado analizan artículo por artículo la iniciativa de Enrique Peña Nieto en materia de combate a la corrupción y consideran que deberá modificarse a fondo, toda vez que su alcance en el castigo a funcionarios corruptos es limitado e incluso tiene menores atribuciones que la actual Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los perredistas Alejandro Encinas y Dolores Padierna consideraron que la reforma puede convertirse en una gran simulación, ya que la comisión anticorrupción propuesta por Peña Nieto no tiene facultades para ejercer acción penal ni tampoco es autónoma, pues depende del Ejecutivo federal, la fiscalización recae en los propios titulares de las dependencias y su política de acción la dictará la Secretaría de Hacienda.

Encinas adelantó que el próximo martes presentará ante el pleno la iniciativa de su bancada en la que se da al Senado la facultad de nombrar a los cinco integrantes de esa comisión a partir de propuestas ciudadanas, lo que realmente dará autonomía al organismo. Podrá también imponer sanciones que impliquen cárcel a los infractores, con base en el Código Penal y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Padierna lamentó que Peña Nieto haya pasado por alto que en el Senado se aprobó en la pasada legislatura una fiscalía anticorrupción –que está congelada en la Cámara de Diputados– y que sí tiene los dientes necesarios para sancionar a funcionarios y particulares que incurran en actos de corrupción.

El senador del PAN José María Martínez, secretario de la Comisión de Puntos Constitucionales, dijo que la reforma constitucional de Peña Nieto es insostenible y requiere cambios de fondo.

Reveló que un grupo de senadores del blanquiazul, encabezado por el ex titular de la SFP Salvador Vega Casillas, lleva a cabo un análisis exhaustivo de la iniciativa, y de entrada han encontrado puntos que les preocupan, entre ellos que la comisión anticorrupción de Peña Nieto sólo tenga facultades para dictar sanciones administrativas y no penales, lo que permitirá que continué la impunidad de funcionarios que cometen ilícitos relacionados con recursos públicos.

Esa comisión anticorrupción no resuelve tampoco el problema que enfrentó la SFP de largos juicios en el tribunal fiscal, que le impedían cobrar al final las multas, porque ya habían caducado. El procedimiento burocrático es el mismo, en lugar de agilizarlo, para que quien provoque un daño patrimonial al erario lo resarza de inmediato.

La perredista Padierna señaló que la propuesta de Peña elimina la facultad que tenía la SFP de nombrar a los contralores de cada una de las secretarías de estado y organismos descentralizados y deja ello en manos de cada dependencia, cuyo titular designará a los órganos de control interno.

Esas controlarías internas no van a denunciar a quien los puso como responsables, ni mucho menos a meter a la cárcel al secretario del ramo, que en la práctica es su jefe.

Igualmente ocurrirá en el caso de las licitaciones en que se hubieran presentado irregularidades, ya que en caso de inconformidades, la licitación regresa a él y nada va a prosperar.

Resaltó que, además, es preocupante que la propuesta de Peña debilite a la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que es el órgano del Congreso responsable de la fiscalización de los recursos públicos federales.

Los senadores del PAN presentarán sus conclusiones la próxima semana y dado que se trata de una reforma constitucional –que requiere mayoría calificada para aprobarla– es poco probable que se avale antes del primero de diciembre.