La Paz, BCS, 24 de febrero. La primera agencia especializada en trata de personas en México –instalada en esta capital en noviembre pasado– ya inició tres averiguaciones previas relacionadas con ese delito, a las que se ha dado seguimiento de manera sigilosa para poder detener y sancionar a los responsables, afirmó el delegado de la Procuraduría General de la República (PGR), José Bernal Romero.

Dijo que a raíz de denuncias anónimas e indagatorias, la delegación a su cargo tiene conocimiento de la trata de personas en Los Cabos, pero no se han realizado operativos ni se ha detenido a nadie por estrategia, porque el objetivo es reunir todos los elementos para capturar a los responsables y que no tengan la oportunidad de ser liberados por alguna falla en el procedimiento.

Mencionó que el problema en Baja California Sur se focaliza en Cabo San Lucas, donde se sabe que operan bandas criminales muy organizadas dedicadas a este delito. Añadió que se reunió con el alcalde de Los Cabos, José Antonio Agúndez Montaño, con quien acordó manejar las investigaciones con discreción para no ahuyentar a los delincuentes, y sostener una reunión con el subprocurador de derechos humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, para abordar el tema y definir estrategias.

No se trata, dijo, de hacer operativos y detener a los niños que son utilizados para ejercer la mendicidad o menores atrapadas en la prostitución (porque además son renuentes a dar datos por diversos motivos), sino a quienes son responsables de este tipo de esclavitud.

Adelantó igualmente que se reunirá con los alcaldes de Comondú, Loreto y Mulegé, para abordar el tema de los campos agrícolas, y evitar la trata de personas en ellos. Mencionó que la idea es que las autoridades de los diferentes niveles de gobierno sumen esfuerzos y asuman el compromiso de combatir la trata de personas con resultados, pues si ahora existe desconfianza es porque no se da seguimiento a las denuncias.

De acuerdo con Bernal Romero es importante que los legisladores locales también se sumen a esta tarea, pues hasta ahora no existe ninguna propuesta ni iniciativa en el Congreso del estado para homologar la legislación de Baja California Sur con la ley de trata de personas aprobada el año pasado por la Cámara de Diputados federal.