Oaxaca, Oax., 7 de marzo.

Más de 100 organizaciones civiles de México hicieron un llamado al gobierno estatal a evitar la utilización de la fuerza pública para reprimir la protesta social y a no imponer proyectos trasnacionales en aras del desarrollo, sin que se beneficie en igualdad de derechos a los dueños originarios de los territorios indígenas.

En un pronunciamiento, las organizaciones no gubernamentales manifestaron su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas contra indígenas de los pueblos ikojts (huave) y bini zaa (zapoteco) del Istmo de Tehuantepec, cometidas por los gobiernos federal, estatal y municipales, al autorizar permisos y concesiones a la empresa española Preneal México SA de CV, actualmente parte del consorcio Mareña Renovables, para la instalación del parque eólico San Dionisio, en la Barra Santa Teresa.

Exigieron respeto estricto a las normas constitucionales, convenios y tratados internacionales en materia indígena y de consulta, así como la revisión y revocación de los contratos leoninos, las licencias, autorizaciones o concesiones otorgadas en favor de Mareña Renovables.

También demandaron la cancelación de averiguaciones previas y órdenes de aprehensión contra las personas involucradas en la defensa de sus territorios, así como el respeto a su vida, libertad y libre expresión de ideas.

Las ONG reclamaron a los diputados locales que asuman su papel de defensores de los derechos de los pueblos indígenas y no de empleados de empresas trasnacionales.

El pronunciamiento fue suscrito por la Red Nacional de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todos y Todas –integrada por 73 organizaciones en 21 estados de la República–, la Alianza Mexicana por la Autodeterminación de los Pueblos y la Red Nacional de Resistencia Civil Contra las Altas Tarifas, así como organizaciones de distintos entidades del país, como Chiapas, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Guanajuato y Guerrero, entre otros.