Madrid, 7 de mayo.

La justicia española decidió hoy suspender la acusación contra la infanta Cristina, esposa de Iñaki Urdangarin, presunto autor de una serie de delitos de desvío de fondos públicos, tráfico de influencias, cohecho, falsedad de documentos y evasión fiscal.

En una decisión atípica, los tres magistrados que integran la sección segunda de la Audiencia Provincial de Baleares decidieron, por dos votos contra uno, que el juez instructor del caso, José Castro, no aportó suficientes argumentos para mantener la comparecencia como imputada de Cristina de Borbón y Grecia, primera y única integrante de una familia real europea con una acusación penal en contra.

El juez todavía tiene dos recursos legales para mantener la imputación, que en cualquier caso tendrían que superar de nuevo el criterio de la sala y las enormes presiones contra la fiscalía y el juez por la casa real y del gobierno del conservador Mariano Rajoy.

La revisión de la Audiencia Provincial de Baleares del recurso de apelación a la imputación de la hija de los reyes vino precedida de una ruptura entre el juez y el fiscal, Pedro Horrach, quien hasta la acusación de la infanta mantenía una sintonía plena con el criterio del juez. De hecho, la fiscalía presentó el recurso soolicitando la suspensión de la imputación.

El caso que investiga la trama de corrupción tejida durante años por Urdangarin y por su socio, Diego Torres, está en la primera fase de instrucción, pero la importancia de la investigación y la identidad de los involucradas hace que el proceso sea más lento.

La audiencia provincial resolvió dejar sin efecto la citación de la infanta a comparecer en calidad de imputada. Exigió además al juez José Castro que fije una fecha límite para que se cierre la investigación y, sobre todo, para que el otro principal imputado, Diego Torres, presente como pruebas los correos electrónicos que obran en su poder y que han sido vitales para el esclarecimiento del funcionamiento de la red de corrupción.

Según estos mensajes, Urdangarin y su esposa sabían y participaban de las maniobras oscuras de la trama, incluso con el beneplácito y la colaboración del rey Juan Carlos de España.

Los magistrados advirtieron que se puede abrir un proceso por delito fiscal contra la infanta, siempre y cuando se recabe la información solicitada por el juez desde hace meses a la Agencia Tributaria y que todavía no ha sido entregada. Se trata del historial fiscal de la familia Urdangarin-Borbón.

El magistrado que votó contra la decisión adoptada hoy, argumentó que el juez decidió citar a la infanta como imputada porque era la única posibilidad que tenía para conocer su testimonio. Criticó la postura y estrategia de la fiscalía, y señaló que sin duda el ministerio fiscal es dueño y señor de la acusación pública en el proceso penal. Sin embargo, las decisiones de la investigación están en manos del juez de instrucción, único legitimado para dirigirla. Si se ve perturbado en el núcleo duro de su función, en la adopción de resoluciones encaminadas a obtener declaraciones de testigos e imputados, por apelaciones formuladas por el fiscal u otras partes y, en su caso, corregido por la Audiencia, pierde el control de la investigación y ésta se dificulta en extremo.

El gobierno calificó de magnífica noticia la suspensión de la imputación, con el argumento del canciller, José Manuel García Margallo, de que es una infanta de España, mientras la mayoría de los grupos de la oposición –salvo el Partido Socialista Obrero Español (PSOE)– cuestionaron la actuación de la justicia.