Política
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A la mitad del foro

Pactar o rendir la plaza

León García Soler
E

n busca de aguas profundas, saltan de charco en charco las reformas de gran calado. Un coro de voces de edad avanzada espera a la primera voz que dé la nota. En el Senado ensordece el silencio de la izquierda. Y la derecha entona un Te deum por el retorno del centralismo y la retirada de los mefistofélicos mensajeros del pacto que reivindicaría el voto de las mayorías por medio de la concertación y el acuerdo en lo esencial.

Se aprobó la reforma política de tracto continuo; el triunfo de la sinrazón y el olvido de que lo electoral, la democracia misma, no es fin sino medio. Y un Madero levanta arcos de triunfo a la relección, a la sombra del Madero que fue sacrificado en las calles solitarias de la ciudad de México, en las horas sombrías de la Decena Trágica y la traición del chacal Victoriano Huerta. Memorias a modo afirman que no se trata de relección presidencial, sino de diputados, senadores y presidentes municipales. Pero al llevar agua a su molino, los panistas aprovecharon la soledad de la mayoría priísta, o la empatía cómplice de sus dirigentes, para trastrocar el logro aislado de la transición: elecciones legales y confiables, las leyes electorales que dieron paso a la pluralidad manifiesta, a la alternancia, a la división efectiva de poderes y a un federalismo efectivo.

Poco habría que añadir aquí a lo tan claramente dicho por María Marván, consejera sobreviviente a la incuria de legisladores que dejó incompleto el número de consejeros y ahora se propone sustituir al Instituto Federal Electoral por un instituto nacional de elecciones, así como desaparecer los institutos estatales para que el centro organizara, coordinara, condujera todas las elecciones del país, desde las de gobernadores, de congresos locales, las municipales. No precisan si también las de jueces de agua de los ejidos. A lo mejor porque en el desmantelamiento de las instituciones del Estado mexicano moderno ya no queda sino el triste papel de gestores, de coyotes, a los encargados del uso y distribución del agua, a cada juez de agua heredero de la tradición comunal española y de la República de Indios que resistió para fortalecerse con la revolución agrarista. Lamentos de quienes fueron llamados nostálgicos del nacionalismo revolucionario. O, tal vez, advertencia para quienes entregan la plaza en aras de un pacto que reviviría la unanimidad indigna y sumisa.

Hasta hoy, una sola voz se ha alzado en defensa del federalismo, del carácter de Estado libre y soberano de cada una de las entidades de nuestra república federal, democrática, representativa y laica: la de Eruviel Ávila, gobernador del estado de México. Se acata y se cumple la relección de senadores y diputados federales, dijo, pero aceptar la del Congreso local y sobre todo la de ediles y todas las autoridades municipales equivaldría a negar la existencia misma de la soberanía estatal. Para añadir agravio a la desmemoria, el mamotreto de reforma dejó intacta la composición, descomposición, de hecho, del Senado. Los senadores representan a los estados de la Federación, entidades iguales, con derechos iguales, cada una con el mismo número de representantes.

Tanto da que se trate del de mayor población o del menos poblado; sea su territorio tan grande como el de Chihuahua o de pequeña extensión, como Colima o Aguascalientes. El imperativo de la representación proporcional condujo al absurdo de olvidar los Papeles del Federalista y las luchas de Yucatán, Jalisco, Coahuila, y el resto de las que fueran provincias y se rebelaron a la imposición centralista de los conservadores, que inspiraron a los falsificadores de la historia que atribuyen el federalismo mexicano a vulgar imitación de la Constitución de Estados Unidos. En el Senado, bajo sitio de una extraña coalición que reclama consulta popular por encima de la democracia representativa que con ahínco buscaron y ahora desprecian porque declaran no confiables a sus representantes y por eso mismo, espurios, la derecha panista impone condiciones y el PRI, de todos tan temido, obedece y calla.

Es que llega la hora de la decisión, declaran Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, y el general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional. Se refieren a la conclusión de las reformas acordadas en el Pacto por México, a la vital importancia que se les atribuye y que ha puesto en movimiento a México. Tanto el encargado de la política interior como el general secretario enfrentan el desafío del caos anarquizante en vastas regiones de la geografía nacional. Y saben que no basta imponer el orden para ofrecer seguridad en sus personas y bienes a los mexicanos. No es una guerra, pero no se reduce a un problema de seguridad pública. La violencia y la multiplicación de grupos armados, de defensa popular o mercenarios, no cede. Y en estos días, mientras la Cepal expone el aumento de la pobreza en México, otros han advertido que para combatir el hambre son indispensables educación, salud y empleos de calidad.

Pero los panistas envalentonados han exigido la apertura total en la reforma energética; reclaman que se otorguen concesiones para la explotación y explotación del crudo, en la refinación, en la petroquímica y, sobre todo, reformar los artículos 27 y 28 de la Constitución. El PRI, en vísperas de dictamen de comisiones, vela armas y recita sus puntos de acuerdo con la ultraderecha. Cierto, sin mostrar sus cartas, David Penchyna y Enrique Burgos se aferran a los contratos de utilidades compartidas y no aceptan otorgar concesiones como las mineras, como las porfirianas que entregaron el territorio y el subsuelo a las empresas extranjeras. Pero convocan al riesgo y a registrar como propias las reservas probadas en las áreas de utilidades compartidas.

Si no son contratos de riesgo, lo parecen. Y si en la docena de alternancia panista se combatió al sindicalismo en todo el país y se incluyeron consejeros privados en Pemex, ahora disponen, en extraño acuerdo con la izquierda ausente, que no haya un solo representante del sindicato petrolero en el consejo de administración de Pemex. Y no ha de ser porque sean indefendibles Joaquín Hernández Galicia, popular y nacionalista señor de horca y cuchillo, así como Carlos Romero Deschamps, quien pontifica: El petróleo es el mejor negocio del mundo, y predica con el ejemplo, desde yates dignos del fundador de Standard Oil, con elegante atuendo y en un escaño senatorial. Pero los trabajadores petroleros lucharon por sus derechos sindicales. Y la soberbia imperial de las empresas extranjeras que se negaron a obedecer la resolución de la Corte dio firme base legal a la expropiación que decretó Lázaro Cárdenas.

Antes que negarles sitio en el consejo de Pemex los funcionarios educados en Yale y Harvard podrían responder algunas de las preguntas que en estos días de tomar decisiones circulan por la redes sociales, tan temidas por los hombres de la transición de la democracia como medio y de los cambios sin rumbo. Por ejemplo: ¿Cómo es que Pemex pierde con el precio del barril de crudo a cien dólares? ¿Cuánto le paga a Halliburton, Schlumberger y Bechtel por sus contratos? ¿Cuáles son las cinco principales navieras que transportan crudo mexicano a sus destinos de venta, quiénes son sus dueños, extranjeros o mexicanos? ¿Quiénes transportan las gasolinas de las refinerías tejanas a los depósitos regionales de México; cuántas pipas tienen, quién y cómo otorga esos contratos?

Es hora de decidir: pactar o ceder la plaza.

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