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También hay una norma constitucional que protege la libertad de expresión, señala

Califica Rodríguez Almeida de capricho político la ley de manifestaciones del DF
 
Periódico La Jornada
Viernes 13 de diciembre de 2013, p. 43

El dictamen sobre la ley de manifestaciones públicas para el Distrito Federal aprobado en comisiones de la Cámara de Diputados es un capricho político, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad Pública local, Jesús Rodríguez Almeida.

Es importante que las leyes estén motivadas en realidades y no en caprichos políticos, afirmó.

Explicó que es un asunto que se revisa en el ámbito federal que aún no está completamente aprobado. Sin embargo aseguró que a la policía capitalina le toca esperar hasta que esté vigente, para poder revisarla.

Lo más importante es que cualquier norma jurídica debe ser posible de realizarla y no debe ser exclusivamente con motivaciones políticas, expresó al terminar la entrega de patrullas nuevas en la delegación Álvaro Obregón.

Ahora también hay una reforma política con la que se busca que el Distrito Federal tenga autonomía y soberanía, ya que esta (la ley de marchas) es una invasión de competencias. Nosotros buscaremos aplicar lo que esté vigente, dijo al recordar que también hay una norma constitucional que protege la libertad de expresión.

Antes, en entrevista, Rodríguez Almeida dijo que este año en el Distrito Federal se han realizado 8 mil 200 marchas, de las cuales 65 por ciento corresponden a problemáticas federales; 20 por ciento a asuntos de los distintos estados y el resto del Distrito Federal. Sólo en uno por ciento del total se ha usado la fuerza, explicó.

El funcionario reconoció que las marchas generan molestia en los demás ciudadanos que quieren llegar a su destino.

Esto también es un reto para la autoridad. Nosotros tenemos que respetar la libertad de expresión, pero en ocasiones no están los límites claros de hasta dónde hay un conflicto entre los derechos de unos y otros.

Para terminar, explicó que no hay violación a la libertad ambulatoria (sic) en el hecho de que bloqueen una calle, siempre y cuando haya alternativas.

El bloqueo y la libre manifestación, sostuvo, son totalmente constitucionales y no privan los derechos de los demás.