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Las cifras revelan la indiferencia de autoridades locales

Exigirán legisladores que Guanajuato explique aumento en violaciones sexuales
 
Periódico La Jornada
Lunes 23 de junio de 2014, p. 8

El PRI presentó en la Comisión Permanente una propuesta con punto de acuerdo para que se solicite al gobierno de Guanajuato que remita al Congreso de la Unión un informe con las acciones que realiza para prevenir las violaciones sexuales, que se han incrementado 137 por ciento en esa entidas en los siete años recientes.

Los legisladores priístas expusieron que diversos medios de comunicación han publicado que las violaciones sexuales en ese estado se han incrementado, al pasar de 195 denuncias en 2006, a 463 en 2012.

Refirieron además que cifras de la Procuraduría General de Justicia de Guanajuato señalan que de 2006 a 2012 fueron denunciadas 2 mil 96 violaciones sexuales: 204 en 2000, 269 en 2001, 331 en 2002, 313, en 2003, 261 en 2004, 245 en 2005, 219 en 2006, 187 en 2007, 223 en 2008, 313 en 2009, 399 en 2010, 387 en 2011, 429 en 2012 y 605 en 2013.

Señalaron los legisladores que los números revelan la urgencia de atender esta problemática para disminuir este tipo de delitos, además de ser contundentes y poner de manifiesto la opacidad e indiferencia de las autoridades de la entidad para asumir su papel como garantes de la seguridad a una problemática que no les es desconocida ni se presenta de manera aislada, ya que tal tema ha ocupado la agenda pública del estado en diversas ocasiones, sin ningún resultado.

Los legisladores priístas señalaron que es fundamental detener el incremento de violaciones sexuales en ese estado, y que las autoridades asuman su responsabilidad.

Resaltaron que el procurador de Justicia del estado, Carlos Zamarripa, con sus declaraciones minimiza la gravedad de los hechos al explicarlos como reclasificaciones del delito, y manifiesta que en algunos casos no hay violación, sino denuncias de violación, resultado de embarazos no deseados con el fin de evitar problemas con sus familias. Lo anterior, sostienen los priístas, va en detrimento de las víctimas y en perjuicio del acceso a la impartición de justicia.