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En Iguala se evidenció la colusión autoridades-crimen organizado

México da la impresión de ser una olla hirviendo, expresa el obispo Raúl Vera
 
Periódico La Jornada
Domingo 12 de octubre de 2014, p. 11

La desaparición de 43 normalistas, el asesinato de otros tres de sus compañeros y de tres personas más hace dos semanas en Iguala, Guerrero, puso en evidencia la colusión entre autoridades y el crimen organizado y el pacto político de cubrirse las espaldas, lamentó el obispo de Saltillo, Raúl Vera López.

Vera subrayó, en entrevista, que esta situación hizo patente la impunidad que campea por todo el país y la ausencia de verdaderos políticos. Da la impresión de que México es una especie de olla hirviendo, donde la constante es el desprecio por las personas y el abandono en el que se encuentra la ciudadanía, a la que no se le está respondiendo en sus más elementales necesidades, lamentó.

Aparte, Eugenio Lira Rugarcía, secretario general de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), expresó su confianza en que el resultado de las pesquisas pueda ser favorable y que los estudiantes de Ayotzinapa sean recuperados y regresen a sus casas sanos y salvos, por lo cual oran los obispos del país.

Indicó que para que situaciones similares no se repitan no sólo debe haber una adecuada persecución del delito y una sanción a los culpables, sino que se debe trabajar en la construcción de una sociedad en que la persona, su vida y sus derechos sean reconocidos, valorados, respetados, promovidos y defendidos. Subrayó que para ello toda la sociedad debe pugnar por crear una cultura de profundo respeto a la vida, dignidad y derechos fundamentales de la persona.

Carlos Garfias Merlos, arzobispo de Acapulco indicó que la tragedia ocurrida en Iguala, ha derivado en una crisis con alcance político en el estado de Guerrero y ha visibilizado problemas que agobian a los guerrerenses y necesitan ser abordados con responsabilidad por todos los actores sociales y políticos.

Añadió que le preocupa el aumento de víctimas de las violencias en varias regiones del estado, que necesitan ser atendidas de acuerdo con la Ley General de Víctimas. Esto hace pensar en la necesidad de una ley estatal de víctimas que asuma las tareas de justicia restaurativa que se requieren en estos casos.