El Instituto Nacional Electoral (INE) dará seguimiento a las coberturas electorales que hagan los programas de espectáculos, pero no los de opinión. Así lo definieron ayer en votación dividida los consejeros electorales tras una larga discusión, en la que surgieron quejas de los partidos políticos por la insolente carta de amenaza enviada por los industriales del sector al órgano electoral exigiendo lo que finalmente se aprobó.

El consejero Ciro Murayama fue quien propuso monitorear en 2015 los tiempos dedicados a temas electorales en programas de espectáculos de televisión y radio: Hoy, con Andrea Legarreta; Venga la alegría; Ventaneando, con Paty Chapoy; Hola México, con Mónica Garza; el programa de Martha Debayle; Todo para la mujer, de Maxine Woodside; Qué tal Fernanda, con Fernanda Familiar; Pasillo TV, de Alfredo Palacios, y La taquilla, con René Franco.

El monitoreo de los programas sobre la farándula ganó en votación cerrada, ya que fue apoyado por seis de 11 consejeros: Lorenzo Córdova, Pamela San Martín, José Roberto Ruiz, Arturo Sánchez y Beatriz Galindo, además de Murayama.

El punto empujado por los partidos que sí prosperó fue efectuar a partir de 2015 seguimientos de las opiniones vertidas en los noticieros sobre las consultas populares; en la propuesta original, sólo se planteaba la medición de tiempo.

Otra vez San Martín, presidenta del Comité de Radio y Televisión y promotora de los cambios, se quedó como voz aislada en el consejo junto con la de los partidos políticos –que opinan, pero no votan– en su defensa del monitoreo de las valoraciones hechas en espacios de opinión.

El más crítico fue el senador Javier Corral, quien aludió a la carta enviada por Tristán Canales, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), donde rechazó el seguimiento a sus programas de opinión y manifestó su molestia, por las quejas frívolas y sin fundamento que diversos actores políticos presentan contra sus comunicadores.

El panista consideró que la CIRT lanzó la amenaza por delante y ese es el poder amenazante que grotescamente ha reflejado la película de Luis Estrada.

Rechazó que la observación constituya una censura y se preguntó si nadie puede evaluar a los opinadores, ¿son zona intocable? Planteó, por ejemplo, que en 2012 en el programa de análisis de Televisa Tercer grado, la candidata presidencial del PAN, Josefina Vázquez Mota, fue maltratada mientras el del PRI (el actual presidente Enrique Peña Nieto), fue muy bien tratado.

Concluyó que en ese tipo de programas se producen estrategias de descalificación y se han lanzado todo tipo de campañas de peligro para México.

Francisco Gárate, representante blanquiazul, coincidió con su correligionario al plantear que algunos comentaristas de repente se ensañan.

En su intervención, el consejero presidente, Lorenzo Córdova, se sumó al grupo opositor a observar los programas de opinión, argumentando que por su naturaleza no pretenden generar información objetiva o veraz, sino expresar la visión subjetiva de quienes participan en los medios de comunicación.

Sin embargo, en la votación, Córdova respaldó supervisar los tiempos dedicados en dichos espacios, mas no valorar si los candidatos o partidos reciben menciones positivas, negativas o neutrales.

Su intervención generó una retahíla de preguntas de representantes partidistas. Horacio Duarte, de Morena, planteó que ojalá Córdova diera respuesta a la carta de la CIRT, aunque el consejero presidente no hizo ninguna alusión a la misma en ninguna de sus participaciones.

Duarte acusó al INE de hacerse guaje y se quejó del doble rol que tiene el presidente de la CIRT, Tristán Canales, quien en 2012 fue candidato del PRI a senador plurinominal. Seríamos ingenuos de no entender que actúan un rato de candidatos y otro de directivos. El consejero Javier Santiago, si bien calificó de agraviante la carta de la CIRT, señaló que no tienen competencia y en todo caso tendrían que analizarse también las emisiones de deportes, concursos e incluso los partidos de futbol.

Benito Nacif insistió en que se violaba el derecho a la información y propuso que la sociedad o los partidos políticos hagan sus propios monitoreos.