Durango, Dgo.

El gobierno estatal quitó a los municipios la facultad de cobrar el impuesto predial, mediante un convenio firmado la semana pasada.

Esta medida fue previa a la autorización del Congreso del estado al Ejecutivo para que concrete un préstamo de 967 millones de pesos, por el cual dejará en garantía el predial de los 39 municipios.

Felipe de Jesús Enríquez Herrera, diputado local de Movimiento Ciudadano (MC), advirtió que esta medida viola el artículo 115 de la Constitución federal.

Del 17 al 21 de noviembre, los 39 ayuntamientos aprobaron ceder al gobierno de Durango la facultad de cobrar el predial. Una vez aprobado por los cabildos, la semana pasada se firmó el convenio con los ayuntamientos para que la Dirección Estatal de Catastro recaude el gravamen.

El acuerdo estipula que los recursos captados en algunos municipios entrarán a las arcas estatales y los ayuntamientos podrán disponer de ellos un mes después. En otras localidades, donde los alcaldes protestaron, el impuesto será entregado 72 horas hábiles después del pago.

Para el diputado Felipe de Jesús Enríquez y el abogado Jorge Valles este convenio es anticonstitucional, pues la fracción cuarte del artículo 115 estipula: Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor.

El litigante señaló que ese mismo artículo estipula que los municipios podrán coordinarse y asociarse para ofrecer servicios públicos o ejercer sus funciones más eficazmente, pero esto no incluye la hacienda pública.

Según el diputado, el gobierno estatal se basa en un párrafo del mismo artículo: Los municipios podrán celebrar convenios con el estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.

El legislador aclaró que se trata sólo de la administración, no de la recaudación.

Para Enríquez Herrera, esta medida tiene que ver con la autorización que se dio el viernes de la semana pasada al gobierno del estado para contratar un crédito por 967 millones de pesos. Como la administración del priísta Jorge Herrera Caldera arrastra una deuda cercana a 10 mil millones de pesos, ya no tiene flujo de capital que pueda ofrecer en garantía. Necesitaba forzosamente otro ingreso para hacerse acreedor al préstamo; por ello la firma de este convenio, dijo.

En la sesión del Congreso local sólo el diputado de MC votó en contra, los dos legisladores del Partido Acción Nacional se abstuvieron y los otros 27 lo aprobaron.